El conflicto entre el sector del taxi y el de los VTC ejemplifica el momento de degeneración política que vive España, con un Gobierno preocupado exclusivamente de su propia supervivencia, y que elude su responsabilidad en todo lo que pueda restarle votos, y una Generalitat centrada exclusivamente en la causa independentista, sin liderazgo ni control de la seguridad en Cataluña y a merced de cualquier grupo radical que tome las calles frente a unos ciudadanos abandonados a su suerte.
Es un problema que viene de lejos y que solo es posible solucionar con valentía, diciendo la verdad y aplicando una normativa clara que probablemente deje insatisfechos a todos los implicados. Pero, después de ser incapaz de poner orden en un conflicto enquistado, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, tomó la decisión que caracteriza a los políticos débiles y pusilánimes: eludir sus obligaciones como ministro de España y trasladar a las comunidades la responsabilidad sobre la normativa a aplicar los VTC. Ábalos se lavó así las manos para ponerse a salvo, pero a costa de agravar un problema que degenera en desórdenes públicos e inseguridad al abrir la puerta a 17 legislaciones distintas sobre un mismo sector. Y, a su vez, algunas comunidades, como la de Madrid, pretenden hacer lo mismo pasando esa patata caliente a los ayuntamientos para que puedan fijar normas distintas, lo que conduciría ya al caos.
La primera consecuencia de toda esa cobarde dejación de funciones es que los taxistas han aprovechado la debilidad de la Generalitat para paralizar Barcelona y poner de rodillas al Gobierno de Torra que, amedrentado, cedió a ese chantaje en el que no faltan actuaciones violentas, estableciendo que los VTC tengan que reservarse con una hora de antelación. Algo que supondría la desaparición de este servicio en Cataluña. Pero ni así. Los taxistas, vista la pasividad de la Generalitat, siguen tomando la calle.
El problema es que, espoleados por esa victoria aplastante ante un Torra gallito para incumplir ley pero cobarde para imponerla, los taxistas trasladan la estrategia de presión callejera a Madrid, con métodos igualmente intolerables, como las agresiones a conductores de VTC o el boicot a Fitur, la mayor feria de turismo de España, a la que los reyes tuvieron que acceder por una puerta lateral ante la presión de los grupos más radicales de taxistas, que llegaron a agredir violentamente a un policía, al que enviaron al hospital.
Cuando un Ejecutivo se muestra débil y abdica de su responsabilidad de gobernar e imponer el orden, como el de Pedro Sánchez, o cede a la presión violenta, como el de la Generalitat, alienta al populismo a promover revueltas que pueden resultar más graves. No es casual por ello que Podemos se haya convertido de pronto en el mayor defensor de los taxistas, un sector que nunca tuvo muchas simpatías en la izquierda. Su objetivo es sembrar el caos trasladando a España la revolución de los chalecos amarillos que doblegó al Gobierno galo de Macron.