Las huelgas de los taxistas, primero, y durante una semana, en Barcelona, y todavía ahora en Madrid, ponen otra vez de relieve, con meridiana claridad, una situación ya tristemente conocida: la que se produce cuando, amparándose en el ejercicio de un derecho fundamental, sus legítimos titulares promueven atropellos totalmente inadmisibles.
Como otros muchos trabajadores, tienen sin duda los taxistas derecho a ponerse en huelga para defender sus intereses, lo que supone inevitablemente generar no pocas incomodidades y trastornos a los usuarios de un servicio que, especialmente en las grandes ciudades, se ha convertido en esencial. Pero una cosa son los daños irremediables de las huelgas, sin los cuales aquellas dejarían de existir, y otra bien distinta que quienes las protagonizan, o una parte de ellos, decidan a la brava poner patas arriba todo lo que se les pone por delante. Y eso es exactamente lo sucedido con las huelgas de taxis de Madrid y Barcelona.
¿Es admisible que los huelguistas de Barcelona hayan cortado vías urbanas de gran circulación, lo que ha provocado que la ciudad viviese una situación caótica desde el inicio de la huelga? ¿Lo es que los taxistas de Madrid hayan amenazado con bloquear por carretera uno de los aeropuertos con más tráfico de Europa o hayan tratado de evitar que se inaugurase Fitur, la más importante feria de turismo de un país que tiene en ese sector una de sus grandes fuentes de riqueza? Ambas preguntas se responden por sí solas porque el legítimo ejercicio del derecho de huelga no da derecho en parte alguna a los huelguistas a ejercer de matones y a comportarse como si no existieran en la sociedad y en la economía más problemas que los suyos.
Consolidado como un derecho a lo largo del siglo XIX, el de huelga sigue siendo hoy esencial en la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores. Lo que no quiere decir, por supuesto, que todas las huelgas tengan a principios del siglo XXI un significado comparable al que tuvieron en los momentos iniciales de la industrialización.
Las que afectan en Estados avanzados de bienestar a servicios esenciales para la comunidad -sean públicos o sean privados, como ocurre con los taxis- tienen ya sobrado impacto sobre cientos de miles, a veces millones, de personas como para que los huelguistas los amplifiquen de un modo totalmente egoísta e irresponsable mediante el salvaje e ilegal procedimiento de convertir a la sociedad entera en el rehén con el que tratar de negociar mejor sus reivindicaciones.
A eso -hay que decirlo muy alto todas la veces que haga falta- no hay derecho. Basta para demostrarlo con pensar qué ocurriría si todos los colectivos profesionales se comportasen de tal modo. La respuesta es evidente: que vivir en sociedad se convertiría pura y simplemente en un infierno.