Entrevistado en directo en el informativo de Antena 3 del viernes por la noche, Juan Guaidó negó ser el «autoproclamado» presidente venezolano cada vez que el conductor del programa televisivo le atribuyó tal condición. Con la clara finalidad de subrayar su legitimidad frente al régimen que ha hundido a Venezuela en el autoritarismo y la miseria, Guaidó insistió, por el contrario, en que él no está haciendo otra cosa que dar cumplimiento a las previsiones de la propia Constitución bolivariana.
¿Es así? En realidad no, pues solo obligando a la Constitución a decir lo que aquella no dispone, puede leerse su artículo 233 como lo está haciendo la oposición democrática a Maduro. Ese precepto prevé, en efecto, que, entre otros, en caso de que se produzca, por parte presidente de la República, el «abandono del cargo, declarado este por la Asamblea Nacional», se «encargará de la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional». Si Maduro hubiese abandonado su cargo (ficción de la que, con lógica explicable, echan mano sus opositores para tratar de legitimarse) no hubiera sido necesario recurrir a deponerlo a través de un movimiento tan arriesgado como audaz.
Pero el hecho de que la proclamación de Guaidó no tenga cobertura en una Constitución hecha a la medida del chavismo es absolutamente irrelevante en un país donde los más elementales principios democráticos (empezando por la separación de poderes y el respeto a los derechos y libertades) han sido aplastados por la satrapía con que Maduro culminó la deriva dictatorial de su predecesor. Frente a ella se alza la Asamblea Nacional, el único órgano político democrático que hoy existe en Venezuela, pues es él único surgido de unas elecciones libres, que, por serlo, arrasaron a los partidarios de Maduro. Y eso, y no lo que disponga la Constitución, es lo importante.
Por eso, la proclamación como presidente provisional del país del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, para restaurar el Estado de derecho en Venezuela constituye hoy la única garantía de que unas futuras elecciones abran paso a la recuperación de las libertades democráticas. Por eso, y frente al apoyo a Maduro de los regímenes prochavistas de Cuba, Bolivia y Nicaragua, casi todos los estados latinoamericanos han reconocido de inmediato a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Y por eso, en fin, resulta cobarde e inexplicable la posición de la UE, que, como tantas veces, trata de nadar y guardar la ropa. Hoy lo hizo Pedro Sánchez dando ocho días a Maduro para convocar elecciones bajo amenaza de reconocer entonces a Guaidó, sin entender que lo importante no es solo que se celebren elecciones sino que quien las convoque controlará el proceso electoral. Si lo hace Maduro, su victoria fraudulenta puede darse por segura. Y entonces toda la esperanza de recuperar la democracia en Venezuela se quedaría en agua de borrajas.