La guerra del taxi


Guerra civil en el transporte urbano de viajeros. Los taxistas han vencido en la batalla de Barcelona y los vehículos de transporte concertado (VTC) preparan su retirada del área metropolitana. El decreto que previsiblemente publicará hoy la Generalitat equivale a un acta de defunción de los VTC, al obligarlos a concertar cada servicio con una hora de antelación. La siguiente batalla se dilucida en Madrid. Ayer mismo, los taxistas, después de colapsar la principal arteria de la capital, cercaron la sede del PP al grito de: «¡Queremos lo de Barcelona, y lo queremos ya!». El Gobierno de la comunidad se resiste, califica de chantaje la acción y aboga por la coexistencia del taxi y de los VTC en régimen de libre competencia.

 El conflicto, primero en forma de escaramuzas dirimidas entre bastidores y ahora como guerra abierta, se inició en el 2009. Antes de esa fecha reinaba la paz: por cada 30 taxis solo se concedía una licencia de VTC: para llevar la novia al altar en reluciente limusina o a los amiguetes a la despedida de soltero. Después de esa fecha, comenzó el baile, siempre con el gobierno de turno marcando el paso.

Primero, Zapatero. Aprovechó una directiva europea sobre liberalización de los servicios para suprimir la ratio de un VTC por cada 30 taxis. Después, Rajoy continuó su estela hasta casi el final de su mandato. Como resultado, entre 2009 y 2015, las licencias VTC crecieron como los hongos. La nueva oferta tuvo excelente acogida por los usuarios, como lo prueba la creciente demanda del nuevo servicio. Las ciudades españolas disponen hoy de unos 12.000 VTC y de unos 70.000 taxis. Es decir, cinco por cada treinta.

La presión del taxi para frenar la escalada de la competencia dio sus frutos y Rajoy cerró el grifo con el reglamento del transporte de 2015. Congeló las nuevas licencias VTC, aunque no pudo -ni él ni nadie- retirar las concedidas en los seis años anteriores. La pelota quedó en el tejado de Sánchez y la despejó su ministro Ábalos hacia las comunidades autónomas y ayuntamientos. Su decreto, en vigor desde septiembre pasado, tiene dos partes. Por un lado, prohíbe a los VTC prestar servicio dentro de la ciudad si no cuentan con una segunda licencia concedida por autonomías y ayuntamientos, pero se cura en salud al establecer una moratoria de cuatro años. Por otra parte, deja en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos la facultad de establecer condiciones y restricciones -horarios, días de circulación, recorridos...- como las previstas por la Generalitat.

Estos son, en escorzo, los episodios más relevantes de la guerra en curso. Pero lo que realmente debería importar a todas las administraciones son las víctimas o beneficiarios: los usuarios. La competencia, a condición de que se realice en igualdad de condiciones, consigue abaratar el precio y mejorar la calidad del servicio. Lo que me induce a pensar que Zapatero y el primer Rajoy circulaban en la dirección correcta, mientras que el segundo Rajoy y Sánchez marchan contracorriente.

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