Debido a los últimos escenarios en los que se ha colocado a las televisiones públicas, gracias a Abascal, líder de la formación política en VOX, y al secretario general de la formación popular Teodoro García Egea me resulta interesante estudiar la procedencia y la funcionalidad de la televisión pública.
Su origen es el del entendimiento del medio como un servicio público y una herramienta cultural y de cohesión social, muy distinto a la actividad económica bajo el amparo de entretenimiento. Su función era y es un servicio universal de acceso sin restricciones de la ciudadanía a contenidos de interés general de una manera gratuita e imparcial que contribuyese a la generación de pluralismo, diversidad y expresión democrática. Así el artículo 20 de la Constitución de 1978 señala: «La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».
Por eso, cuando una formación política con representación parlamentaria busca el control estatal de la radiotelevisión pública y autonómica o la disolución de la misma, se está ejerciendo un retroceso democrático en los derechos fundamentales recogidos en la Constitución a comunicar o recibir libremente información veraz. El cierre de un medio de comunicación va acompañado de censura, y más cuando ese medio tiene un objetivo que, repito, está tipificado como esencial.
Hay que reflexionar que significa este mensaje emitido tan a la ligera por Abascal y García Egea, y que consecuencias o implicaciones tendría para la ciudadanía, porque no podemos olvidar que el acceso a la cultura y a una información neutral y plural, no solo sienta las bases, sino que enriquece a la sociedad, la convivencia y a una ciudadanía igualitaria.