¿A quién le importa Cataluña?


Supongo que a los ciudadanos catalanes, de una u otra condición, les interesa su país. Pero a los partidos políticos españoles, me atrevo a decir que les importa un bledo Cataluña. De lo que se deduce que tampoco les preocupa excesivamente la integridad de España y la concordia entre sus pueblos, por más soflamas patrióticas que nos endilguen.

Aparentemente, si los escuchamos, a todos les quita el sueño el problema catalán. Discrepan, eso sí, acerca de la terapia que debe aplicarse. La derecha aboga por la mano dura, la izquierda apuesta por el diálogo. Los unos, más en la línea del general Espartero, quien sostenía que, «por el bien de España, hay que bombardear Barcelona cada cincuenta años». Los otros, más en la resignación que expresaba Ortega y Gasset hace un siglo: ya que el problema catalán es irresoluble, «hay que conllevarlo». Pero que no nos engañen: ni los unos pueden explicar en qué consiste la vía dura y qué harían ellos en lugar de Sánchez, ni los otros son capaces de certificar que funciona el bálsamo de Fierabrás.

Esas posiciones aparentemente irreconciliables no son más que poses para la galería, propaganda política en la disputa del mercado electoral extracatalán. La cuestión catalana se ha convertido en el balón con el que se juega la liga fuera de Cataluña. Un instrumento que el Gobierno trata de utilizar para detener las manecillas del reloj y ganar tiempo, a costa de perder votos y colocar a los barones socialistas al borde del ataque de nervios. Y el látigo que la derecha emplea para zurrar al Gobierno y ganar votos en la hinchada, porque los forofos de uno u otro signo nunca admitirán el fair play en el juego político. A esto se ha reducido Cataluña en manos de los partidos: en el puntal que Sánchez necesita para sostener al Gobierno y en el ariete que Casado y Rivera utilizan para derribarlo.

Solo en ese contexto se entiende la conmoción desatada por la propuesta de incorporar un relator, observador, coordinador, mediador o como diantres quieran llamarlo a la mesa de partidos catalanes. (Por cierto, ¿por qué no asiste Ciudadanos, el primer partido de Cataluña? ¿No lo quieren o no quiere?) O el supuesto escándalo por la filtración de los 21 puntos que Torra pretende negociar, entre ellos el más vidrioso sobre el derecho de autodeterminación. ¿Dónde está la novedad, dónde la piedra de escándalo, dónde la inadmisible concesión al separatismo catalán, dónde «el hecho más grave desde el 23-F», dónde la «alta traición a España», entrecomillados todos con patente de Pablo Casado? Yo no lo veo, pero si por acaso el PP tuviera razón, doy por zanjado el debate político y entramos en terreno judicial: ¿a qué espera Casado para llevar a los tribunales al golpista que usurpa el poder, que está fuera de la Constitución y que traiciona a España?

La vicepresidenta Carmen Calvo afirmó ayer que se puede hablar de todo y que solo se puede hacer lo que es legal. Me gustaría saber si la derecha acepta la primera premisa. Si es así, debería ilustrarnos acerca de las ilegalidades cometidas.

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