Una república para hacer lo que le pete


Oriol Pujol (Barcelona, 1966) lo tenía todo para ser un triunfador. El benjamín de Jordi era el niño de los ojos de su madre, Marta, el mejor aval para hacerse con las riendas de Convergencia y convertirse en el pastor encargado de conducir a los catalanes hacia un futuro próspero y, quizá, independiente. Pero al joven Oriol no le bastaba con ser el hijo del patriarca. Quería ser rico, como la mayoría de sus amigos burgueses, y disfrutar de los coches de lujo, las fiestas y otros privilegios propios de la élite catalana con la que se codeaba.

Lástima que la vieja Marta viera en él al heredero de su marido para encarnar la esencia del catalanismo. Mientras su hermano Jordi se pegaba la vida padre carretando dinero a Andorra -en un caso aún por dirimir judicialmente- bajo el régimen del 3 %, a Oriol le tocaban los mítines y el aburrido asiento de segunda fila en el Parlament.

Ese plácido destino, remunerado con más de cien mil honrados euros anuales, no era suficiente para el ambicioso Oriol. Él quería más y, como si fuese víctima de una abducción, fue engullido por su pandilla de amigos independentistas para inocularle el virus secesionista y propiciar el viraje de la primera familia de Cataluña hacia el separatismo y la traición a España.

Cuando Jordi Pujol, ya acosado por las sombras de la corrupción, colgó el báculo político, Oriol no quiso perder su papel de hombre fuerte del régimen convergente y ofreció su teórica influencia al mejor postor. El caso de las ITV, una concesión considerada como una de las más apetitosas, es el mejor ejemplo de la oligarquía pujoliana: un conseller amigo modificó los criterios de reparto de las adjudicaciones para beneficiar a las empresas patrocinadas por Oriol y sus amigos. La sentencia, aceptada por el pequeño de los Pujol, declara probada la trama. Para entonces, él y su familia ya eran independentistas conversos. Querían una república propia para hacer lo que les pete. Mientras no llega, siempre le quedarán los trucos de mago malo de Torra para exprimir las cesiones del Gobierno español en materias como la penitenciaria. 65 días de cárcel por una mordida de 443.660 euros es una burla.

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