Este último sábado hablábamos de las hazañas de la llamada policía patriótica. Cuatro días después, el asunto vuelve a la actualidad por la publicación de unos audios que implican al ex presidente Mariano Rajoy y a quien fue su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una misión policial para obtener información de las finanzas de Podemos. Todos nos hemos preguntado si hacían falta tan altos miembros del Gobierno para esa investigación y la disculpa sería que no solo se trataba de conocer datos económicos, sino de garantizar la impunidad del informante y su familia, cosa que un simple policía no puede ofrecer. Pero he aquí cómo un oscuro suceso del pasado viene a complicarlo todo, da altura y relevancia política a un escándalo y sigue enturbiando la campaña electoral.
Naturalmente, el ministro Fernández Díaz negó la participación del Gobierno, pero eso no impedirá la explotación del hecho por Podemos, porque es su perla ante las urnas y ha decidido jugar como víctima de las cloacas del Estado. Lo trascendente a efectos prácticos es que no se descubrió nada que tuviese alguna validez para destruir a ese partido, si era lo que se pretendía. Ni el Tribunal de Cuentas ni ningún tribunal ordinario de Justicia consideraron suficientes los documentos aportados para actuar en su contra. Pero el asunto plantea cuestiones de trascendencia para la salud democrática del sistema. ¿Tiene razón Pablo Iglesias cuando acusa al Gobierno Rajoy de perseguirle? ¿Es justificable que máximas autoridades del Gobierno aparezcan en papeles o grabaciones conspiratorias?
Si hay indicios de financiación ilegal o de malas praxis de un partido, sería irresponsable que la policía no investigara, como hizo con el propio PP. Si ese partido bajo sospecha decía incorporarse a la política para cambiar el sistema, el sistema no puede mostrarse impasible. El problema está en el método, si es cierto que hubo una organización policial que se movía a espaldas de la legalidad. El problema está en saber si los gobernantes de la etapa de Rajoy y las anteriores cooperaban por acción u omisión en esas prácticas y dieron a esas mafias un poder injustificable. El problema es dejar sin sancionar a fuentes que buscaban otro tipo de beneficio muy ajeno y distinto al servicio con que justificaban su oferta. Y el problema no es investigar, sino inventar dosieres, fabricar pruebas y falsificar documentos con el fin de lograr el deterioro de una organización social o política. Ahí es donde no veo ni imagino a Rajoy ni a Fernández Díaz. Y supongo que todo esto, más el montaje económico en que no faltó la extorsión, es lo que ahora se tiene que juzgar. Políticamente y en sede judicial.