Dicen que vivimos en permanente campaña electoral y es verdad que es difícil escuchar a un líder político español, también en periodos alejados de las convocatorias a las urnas, con un discurso más templado o reflexivo. La agitación mediática y de las redes también suma decibelios, claro. Pero, esta vez, las cosas se están sacando de quicio con una facilidad pasmosa desde el campo de la derecha, que, desde el triunfo de la moción de censura que comportó la salida de Rajoy de la Presidencia, ha perdido todo sentido de la mesura. Las barbaridades que se dicen, incluidos los insultos de máxima gravedad de los que ha sido objeto Pedro Sánchez, en una espiral de exaltación teñida por el nacionalismo más primario, van dejando cicatrices y erosionando la convivencia, porque están más allá del acaloramiento electoral y dejan huella.
Entre las secuelas de este acoso y derribo se encuentra la culminación de una larga contienda ?una verdadera guerra cultural- que libra la derecha española para convertir en patrimonio propio símbolos y principios comunes, arrogándose el papel de gestores de su canon, excluyendo de él al adversario hasta el punto de criminalizarlo (la acusación de terrorismo o de complicidad con él se lanza con espantosa irresponsabilidad). Y, de paso, escondiendo su falta de contribución a la construcción de ese acervo.
La propia idea de España es, lamentablemente objeto de dicha apropiación, o al menos de un intento en buena medida exitoso. Por supuesto que una concepción de la España diversa, enriquecida en su pluralidad y que se maneje en estructuras e instituciones federales (evidentemente, sin perder de vista la cohesión y contribución común), no solo es un planteamiento viable y más elaborado, empezando por su propia raíz constitucional, en nuestro aún imperfecto Estado de las Autonomías, sino que además es más adecuada a la realidad territorial de nuestro país. Pero, desgraciadamente, avanza con fuerza extraordinaria una identificación de la idea de España asociada a un imaginario de origen preconstitucional, uniforme, castizo y de resabio imperial. La sensación de que los defensores de esa España, en desconocimiento de nuestra historia, exaltan una patria en la que muchos españoles no nos reconocemos ni nos queremos ver, es sencillamente aterradora, porque nos convierte en potenciales exiliados en nuestro propio país, si se impusiese ese dogma.
En la misma línea, la bandera española, de tanto agitarla contra la cara del disidente, se convierte en ariete que incómoda y no en símbolo que abriga y representa. Porque una cosa es responder de manera instintiva a los desvaríos del independentismo poniendo una bandera en el balcón y, otra, empezar un bombardeo de saturación donde si no exhibes el emblema a todas horas eres sospechoso de algo. La derecha española abusa de la enseña para darnos con el mástil en la cabeza a quienes no compartimos el nacionalismo esencialista de los «buenos patriotas» y «los verdaderos españoles» (a remedo del nombre de la fuerza política nórdica de moda), o a quienes aspiramos a compatibilizar identidades abiertas y plurales, en un mundo interconectado, de pueblos y culturas en permanente interacción y transformación. De hecho, falta poco (Vox ya lo hace, veremos cuando tarda en expandirse esa fiebre) para que se pretenda menoscabar la bandera comunitaria y los símbolos de la Unión (inolvidable, en la apertura de la legislatura europea que ya termina, la imagen de los populistas dando la espalda a la interpretación de la Oda a la Alegría). Podrá decirse, con bastante razón, que el nacionalismo español repite algunos de los vicios de ciertos nacionalismos periféricos, hasta pretender convertirse no solo en mainstream sino en credo obligatorio. El problema es que el nacionalismo español tiene un efecto invasivo y distorsionador de entidad muy superior, siquiera por su amplitud y capacidad destructiva, porque los potenciales damnificados somos todos aquellos a los que nos van a examinar de españolidad, si nos descuidamos.
La peor de las apropiaciones, sin embargo, es la más reciente y peligrosa. Al tratar de apoderarse de la patente del constitucionalismo, la derecha pretende, nada más y nada menos, que excluir al conjunto de la izquierda, desde el PSOE a Podemos, pasando ?va de suyo- por todas las fuerzas periféricas, del manto, marco y defensa de la Carta Magna. El papel del expresidente Aznar, resulta capital en la gestación ideológica de esta consigna, al tratar de confundir unionismo y constitucionalismo, caracterizando a Vox (ahora tan emergente que amenaza seriamente la base electoral del PP) como fuerza homologable para una confluencia de derechas que encabezase Casado. Sin embargo, no hay fuerza más netamente contraria a la Constitución Española de 1978 que Vox, que no comparte el Estado Autonómico, los derechos sociales, la equidad fiscal, el papel de la ?ya de por sí limitada- intervención estatal, la remoción de los obstáculos que impiden la igualdad efectiva ni, en suma, los propios principios del Estado Social y Democrático de Derecho. El riesgo es mayúsculo, porque, de triunfar esta corriente, se acabaría a la larga identificando Constitución y derecha, consagrando una lectura tremendamente parcial e insostenible de la Carta Magna y socavando de una manera irreversible la base consensual necesaria, con un daño irreparable. Al igual que el sistema de la Restauración surgido en 1875 acabó asociándose a la imposibilidad de democratizar y modernizar España, y dio lugar a su inevitable caída, una vinculación exclusiva de la Constitución a la derecha española sería el principio de su final. Por otra parte, no deja de ser llamativo que el PP, continuador de la AP del franquismo sociológico, una buena parte de cuyos parlamentarios no respaldaron la Constitución en 1978, expide ahora certificados de constitucionalismo, considerando a Vox, que bebe indisimuladamente de la retórica ultraderechista, perfectamente homologable y situando fuera del constitucionalismo al PSOE. Sin embargo, y no por azar, el PSOE es el único partido del pacto constitucional que pervive como tal (el Partido Comunista está irremediablemente diluido en la amalgama de Unidas Podemos) y, que, además, pretende combinar la fidelidad a su espíritu integrador con la actualización del modelo constitucional, para solucionar la «fatiga de materiales» que se aprecia cuatro décadas después de su entrada en vigor.
Aunque quisieran, sin embargo, no nos arrebatarán ni la idea y proyecto de una España moderna y solidaria; ni los símbolos comunes que utilizar con sobriedad y vocación inclusiva; ni mucho menos la Constitución que, con sus imperfecciones y reformas pendientes, es un hito indiscutible que permitió recuperar la democracia y avanzar en libertades y derechos. No nos harán extraños en nuestro propio país.