El pasado domingo entró en vigor la ley que obliga a las empresas a controlar la jornada laboral de sus trabajadores. El lunes, Pablo Casado, arremetió contra esa norma que lleva la impronta de la ya exdiputada socialista Rocío de Frutos: asegura el líder del PP que el control convierte a los trabajadores en concursantes de Gran Hermano. El martes, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE zanjó la cuestión: «Los Estados miembros deben exigir a los empresarios que establezcan un sistema objetivo, fiable y accesible que permita medir la duración del tiempo de trabajo diario de cada trabajador». Como diría Rajoy, fin de la cita. Más claro, agua.
A Casado se le ha visto el plumero, por más que lo esconda entre imágenes y metáforas sugestivas. Se proclama defensor de «la España que madruga» y se opone a que el trabajador acuda al tajo «casi con un código de barras en la frente». En realidad, el líder del PP aboga por los abusos y el fraude en las relaciones laborales. Porque el control de la jornada laboral, al margen de cómo se aplique en casos concretos, protege los derechos de los trabajadores -«la parte más débil», nos recuerda la Justicia europea- y de los contribuyentes. Y también beneficia a todas las empresas que juegan limpio.
Lo primero está claro. Más de la mitad de las horas extraordinarias realizadas no se contabilizan. Hablamos de casi 2,4 millones de horas a la semana. No se pagan al trabajador en dinero contante ni en días de asueto, y tampoco cotizan al erario público. Doble fraude. Poner fin a esa situación anómala no solo conduce a restituir sus derechos al trabajador, sino también a crear empleo: el empresario deberá pagar las horas extras o contratar a nuevos empleados.
Pero el registro de la jornada también favorece a las empresas que cumplen escrupulosamente la legislación laboral y los términos de sus contratos. La mayoría, sin duda. Les permite controlar el absentismo, rebajar la competencia desleal ejercida por sus rivales con mano de obra parcialmente gratuita e incrementar la productividad por hora de trabajo. Nada tienen que temer de la ley aquellos empresarios que, por necesidades puntuales de producción, amplían la jornada de trabajo y la retribuyen como corresponde.
Puesto que el sistema de control no presenta más que ventajas y ninguna contraindicación relevante, resultan altamente sospechosas las voces que, desde el ámbito patronal o desde la esfera política, expresan su rechazo frontal. Voces que nada tienen que ver con «la España que madruga»: representan exclusivamente a los patronos que restringen los derechos de sus operarios mediante el abuso de las horas extraordinarias.
Cuestión distinta son las quejas por el proceso de implantación del sistema. Especialmente complejo en pequeñas empresas o determinadas actividades, porque la casuística es muy amplia. Pero esos problemas de aplicación pertenecen al ámbito de lo accesorio. Lo fundamental consiste en el avance social que significa la ley y, desde el pronunciamiento de la Justicia europea, su carácter irreversible.
