Qué espectáculo. Decía el citadísimo señor Murphy que todo lo que es susceptible de empeorar puede empeorar y su dictamen se cumple religiosamente en la política española. Ahora se está cumpliendo con el embrollo de la suspensión de diputados. Hay dos instituciones que pueden adoptar la decisión, el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, pero solo citarles el asunto les pone los pelos de punta y dicen aquello de vade retro, Satán.
El alto tribunal le dice al Parlamento que proceda, el Parlamento reacciona preguntando cómo tiene que proceder, el Supremo responde que ya se lo ha dicho y que sus competencias constitucionales le impiden elaborar el informe requerido, la Mesa se reúne pero no se pone de acuerdo y los partidos Popular y Ciudadanos aprovechan el suceso para quemar su último cartucho para cerrar la campaña electoral. Así llegamos a este viernes en que la Mesa se vuelve a reunir en medio de un diagnóstico generalizado: «conflicto institucional». ¿Qué está pasando para este lío nunca visto entre los poderes legislativo y judicial? Como no hay explicaciones razonables, tenemos que acudir al comodín de las teorías casi conspiratorias. El Supremo no quiere ser quien firme la suspensión, no sea que cuando los independentistas presenten recurso ante la justicia europea lo acusen de manifiesto rencor, de extralimitarse en sus funciones o de funcionar con criterios políticos. La presidenta del Congreso tampoco quiere hacerlo para no incomodar a los independentistas, para no meter el asunto en el final de la campaña por si perjudica a su partido y para mantener la luna de miel con Podemos, contrario a la suspensión, pero futuro compañero de Pedro Sánchez en la gobernación del país.
Además de esas imaginadas razones, tiene que haber otras, porque la señora Batet es casi como Blanco Valdés, profesora de Derecho Constitucional, y se le supone dominio de la materia. Si me pongo en plan buenista, podría alegar que quiere decidir de forma rigurosa y por eso pide ahora informe jurídico a los letrados del Congreso. Podría añadir que la suspensión de diputados en el Parlamento catalán fue decidida por el juez Llarena, que también es del Supremo, y nadie lo acusó de excederse en sus funciones instructoras. Y hasta podría argumentar que las instituciones debieran tener un diálogo más fluido y no dar este espectáculo casi pornográfico de un pulso ante un público que mira como si fuese una velada de boxeo. Pero no lo haré. Me limito a decir que lo único que entendemos los legos es que las leyes están para cumplirse. Y si los responsables de dos poderes del Estado no saben ponerse de acuerdo en el quién y en el cómo, apañados vamos, señora presidenta y señor juez.