Mi visión de la Justicia no es clásica. No creo en la justicia infinita, que, buscando lo mejor, hace desesperante la llegada de lo bueno. No asumo la obligación de acatar las sentencias, porque me basta con que se dicten y ejecuten con la fuerza del Estado. Y no creo que los jueces necesiten un aura de excelencia moral o científica para tener autoridad. Lo que quiero es que sean buenos funcionarios, y que diriman con diligencia -desde la ley- nuestros conflictos. Por eso renuncio a discutir la sentencia que dicte el Supremo sobre la sublevación de la Generalitat, o a sentirme satisfecho o defraudado por seis años de más o de menos en la condena que, seguramente, se dictará.
Lo que ahora me preocupa es que, sabiendo que la sentencia abre una nueva etapa en la cuestión catalana, pongamos manos a la obra en tres tareas que se me antojan imprescindibles y urgentes para corregir las graves deficiencias que el trayecto del procés, hasta ahora recorrido, ha convertido en puras evidencias.
La primera tarea consiste en indagar por qué la Justicia no intervino -ni fue requerida- en los estadios iniciales del conflicto, y por qué hubo que esperar a que se perpetrase un «golpe de Estado» -como dice el fiscal- para poner manos a la obra. Porque, teniendo en cuenta que este «golpe» se describe como un proceso de larga duración, dirigido desde una institución del Estado, y difundido por medios de comunicación que formaron parte de la trama golpista, es obvio que tuvieron que producirse cientos de delitos más abordables, y de ocasiones más propicias para restaurar el orden jurídico y político en Cataluña, antes de que el elefante entrase en la cacharrería el 1 de octubre del 2017.
Este juicio -en cierto modo extremo- se está realizando porque antes hubo mucha incuria y pusilanimidad. Y de eso, que es política, hay que hablar.
El segundo tajo nos obliga a revisar los mecanismos de defensa de la Constitución y de la democracia, cuya extrema sutileza no puede derivar en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, ni devenir en la absurda idea de que la existencia de España -como nación y Estado- penda de cualquier reforma constitucional gaseosa y progresista que funcione como una bomba de fragmentación lanzada contra la esencia de un país que se da su Constitución, pero que no nace ni se destruye por ella.
La tercera necesidad es el abordaje de un pacto de Estado, que comprometa sobre todo al PP y al PSOE, para acabar con la sensación de que toda la realidad del país depende de minorías empoderadas -en lo cultural, lo social, lo jurídico y lo político- que asfixian la gobernación y cultivan, en su propio beneficio -Torra es un ejemplo permanente de delincuente impune-, todas las leyendas negras que nos hacen vivir al borde del abismo. Porque todo esto, que incluye a Cataluña y al procés, no va de hablar sin condiciones en la barra del bar, sino de política, legalidad y sentido histórico. Sin soberbias, claro; pero sin avergonzarnos de lo que somos.