En un programa de televisión preguntaron a varios adolescentes por la figura de Franco. Las respuestas, si no hiciesen llorar a difunto por nuestro sistema educativo, moverían a la hilaridad. Franco, «justo antes de morir», eligió a Santiago Carrillo como sucesor, dijo uno. Lo asesinaron a tiros en una cafetería, señaló otro. Murió en la cama, indicó el más perspicaz, antes de apostillar: «Yo creo que por tuberculosis, que estaba muy extendida en esa época, mataba a dos de cada tres personas». El cuarto se quedó in albis porque estudia Historia Contemporánea, no Historia de España.
Horas antes del sondeo callejero, un auto del Tribunal Supremo establecía que Franco fue jefe del Estado desde «el 1 de octubre de 1936». Ante esa noticia, un incauto podría pensar que la formación de los eminentes juristas se halla al nivel de los jóvenes entrevistados. O que sus señorías hicieron novillos aquel día de clase. O incluso, en un exceso de benevolencia, atribuir el disparate a un lapsus involuntario de mentes tan preclaras. Pero no seamos ingenuos: no hubo error inocente. Los señores magistrados dijeron lo que dijeron con alevosía y a sabiendas. Lo delata la concreción de la fecha: 1 de octubre de 1936. El día en que los militares sublevados nombraron a Franco generalísimo y jefe de un Estado que aún no existía. Debería aclararnos el Supremo qué papel o título le reserva, a partir de tan histórica data, a don Manuel Azaña, presidente legítimo de la Segunda República. Presumo que el de jefe de una panda de facinerosos, masones y rojos prosoviéticos.
El asunto me parece más inquietante que la medida -«insólita», dicen las juezas y jueces por la democracia- de suspender cautelarmente la exhumación de los restos del Caudillo. Más preocupante que la osadía de frenar la aplicación de una ley aprobada por las Cortes soberanas. Más alarmante que el criterio de supeditar el interés general y la reparación a las víctimas del dictador a los intereses de una familia, un prior o una fundación. Porque lo que acaba de hacer el Supremo -la sala de lo Contencioso-Administrativo por unanimidad- es otorgar carta de naturaleza jurídica al discurso franquista y legitimar el golpismo. Hasta ahora solo había tres vías para alcanzar la jefatura del Estado: por elección -república-, por herencia -monarquía- o por la fuerza -dictadura-. El Supremo añade una cuarta: basta que te proclamen los sublevados, antes de que triunfe o fracase el golpe de Estado, para convertirte en jefe máximo de la nación. Curiosa derivada: si el alto tribunal admite que los separatistas catalanes perpetraron un golpe de Estado, ¿reconocerá entonces, por pura coherencia, a Puigdemont como jefe del Estado catalán?
Franco no fue asesinado ni murió de tuberculosis. Pero tal vez tampoco yo hubiera atinado con la respuesta correcta, porque, ahora lo sé, Franco sigue vivo. Su momia permanece aplastada por una pesada losa, pero el franquismo pervive y anida en los lugares más insospechados. En una sala del Supremo, por ejemplo. Como dijo Eduardo Madina, ¡qué vergüenza!