En un trimestre, los trabajadores españoles trabajaron 5,6 millones de horas extras cada semana, de las cuales 2,6 millones (el 46 %) no fueron abonadas por sus respectivas empresas. El dato es a todas luces inasumible y el Gobierno acaba de instaurar la norma que obliga a las empresas a registrar diariamente la jornada laboral. Pues bien, la discusión que se ha generado en torno a esta medida se ha centrado en su difícil implementación por parte de empresas cuya actividad no está supeditada a una sede física. Sobre la cuestión de por qué las empresas recurren a las horas extras y por qué una buena parte de ellas no son remuneradas, poco o nada se ha argumentado. Y, lejos de ser un asunto baladí, es hacia donde habría que dirigir la atención.
La prosperidad de cualquier país o sociedad depende del crecimiento de la productividad de su economía, es decir, de la capacidad para incrementar la cantidad de productos obtenidos por hora trabajada. Un país que sea capaz de aumentar de forma sostenida su productividad verá mejorar también los salarios de sus trabajadores. Y es justamente aquí donde radica uno de los problemas de la economía española: en el escaso crecimiento de su productividad, especialmente de la productividad total de los factores. Es por esa razón por la que las ganancias de competitividad frente al resto de países se consiguen básicamente gracias a los bajos costes y no a las mejoras de productividad.
A pesar de que la gran recesión mejoró la productividad de la economía española por la vía de la pronunciada reducción que supuso en el número de horas trabajadas y la menor contracción que sufrió el PIB, la productividad continúa siendo escuálida con respecto a los países del entorno. Y, frente a esta baja productividad, las empresas tratan de aumentar la producción por unidad de coste del trabajador. Dado el coste por trabajador, si el (bajo) nivel de productividad no permite rentabilizar ese coste, las empresas intentarán que los trabajadores aumenten su producción por otras vías, por ejemplo, recurriendo a las horas extraordinarias.
El uso y abuso de las horas extras, así como la no remuneración de una parte de ellas, podría ser la consecuencia de un problema estructural como es la escasa productividad del factor trabajo en España. Es ahí donde el Gobierno debería centrar el esfuerzo. La receta para resolver el problema pasa por modificar la estructura sectorial de la economía española, demasiado sesgada hacia sectores de bajo valor añadido, aumentar el tamaño de la mayoría de las empresas y su débil grado de internacionalización, invertir en investigación y desarrollo que permita mejorar los procesos productivos y los productos obtenidos, reforzar la mentalidad empresarial por reinvertir los beneficios para crecer y mejorar, mejorar la calidad de las instituciones y la regulación que producen, reforzar el escaso nivel de capital humano de los trabajadores… Apuesto a que el cóctel les suena, porque ha sido mencionado más de una vez en los más diversos foros, si bien la tozuda realizad revela que el problema nunca ha sido abordado de manera satisfactoria.
Si nos quedamos en políticas bienintencionadas como el registro horario, seguiremos renunciando una vez más a enfrentarnos al problema de fondo y a intentar remediarlo. Y, mientras tanto, otros países siguen mejorando.