Aunque sé de fútbol lo justito y solo puedo opinar de oídas y leídas sobre la calidad profesional de Guardiola, visto su palmarés es obvia la brillantez de su carrera, como jugador y como entrenador. Lo que no evita, claro está, que cuando habla de política no esté a la altura.
En un vídeo reciente de propaganda independentista, el deportista catalán, que muestra ahora una llamativa inquina hacia la nación que durante un larga década representó en su selección (47 partidos de 1992 al 2001), pide a las instituciones españolas, en perfecta línea con las mentiras de sus conmilitones en la guerra emprendida contra el país donde han nacido, «que paren con su represión ideológica». Se une a la patraña alguna otra figura relevante, como el inefable filósofo norteamericano Noam Chomsky, que nunca desperdicia una buena oportunidad de equivocarse.
En España sufrimos, sin duda, recurrentes episodios de represión ideológica, pero ni uno procede de las instituciones de nuestro Estado democrático. Todas ellas, en ocasiones en estricto cumplimiento de las leyes y en otras tolerando incomprensiblemente que los nacionalistas se las pasen por el arco del triunfo, permiten que los actuales compañeros de fatigas de Guardiola reivindiquen la independencia y la república, defiendan las acciones presuntamente delictivas de los secesionistas procesados, falten al respeto institucional que se le debe al jefe del Estado, patrimonialicen al servicio de sus intereses partidistas edificios oficiales o hagan un uso abusivo de fondos públicos para finalidades contrarias a las previstas en la ley.
Si algunos gozan en nuestro país de patente de corso para manipular las instituciones, abusar del poder que tienen conferido (ahí está la escandalera del tercer grado de Oriol Pujol) y mantener un permanente desafío a la legalidad constitucional, esos son los nacionalistas catalanes y todos aquellos que los jalean sin reparos.
Los mismos que organizan y ejecutan los único actos de represión ideológica que sí -en efecto- existen en España: los que sufren los constitucionalistas cuando van a dar un mitin a ciertos lugares de Cataluña o el País Vasco, los que padecen en ambos territorios los comerciantes no nacionalistas o sus familias, o los jueces y las suyas, o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o los profesores no afectos que intentan hablar en sus universidades, o los periodistas independientes que procuran informar respetando el principio constitucional de la veracidad informativa. Todos los que, en una palabra, tienen el coraje de ir contracorriente en dos territorios donde el nacionalismo ha decretado qué puede y qué no puede decirse y quién puede y quién no puede hablar.
Esa es la única represión ideológica que hoy vivimos en España: la que practican sin desmayo los autocalificados reprimidos, convertidos desde hace mucho en represores.