Se publicó ayer que el partido político Podemos, cuyo secretario general se reúne hoy con Pedro Sánchez para intentar pactar la legislatura, hará el esfuerzo supremo para entrar en el próximo gobierno: se ofrece a firmar un documento por el que se compromete a asumir la política del Consejo de Ministros en materias de Asuntos Exteriores y de Cataluña. La oferta, aunque sorprendente, tiene mucha lógica: como dijo también ayer el mismo secretario general, no se debe ejercer la oposición al gobierno desde dentro del gobierno. Y mucho menos, añade este cronista, en temas que solemos considerar como grandes asuntos de Estado.
¿Por qué digo entonces que la oferta es sorprendente? Hombre, porque se supone que un gabinete de coalición como el que busca el señor Iglesias es un gabinete que trata de poner en práctica un programa previamente pactado. Los firmantes de la coalición o lo que salga de las negociaciones asumirán ese programa en su totalidad y lo defenderán bajo juramento. No hace falta un documento paralelo, salvo que Podemos quiera ejercer la oposición interna en las demás materias. O hay coincidencia en la totalidad de objetivos marcados en el programa, o se puede asegurar que ese Consejo de Ministros sería el caos.
Pero la historia no acaba ahí. Hablemos hoy de la oferta de un documento de aceptación de la doctrina socialista sobre Cataluña. Podemos, en su versión catalana, acaba de adherirse a la iniciativa del presidente del Parlament, señor Torrent de un pacto para seguir el modelo canadiense de referendo de autodeterminación. Lo hizo sin que nadie se lo pida, lo cual significa que Podem lleva la autodeterminación en su escala de valores y, desde luego, con el visto bueno de Pablo Iglesias. ¿Cuál de las dos versiones hemos de considerar válidas, la que se hace para convencer a Sánchez de las buenas intenciones de Iglesias, o la catalana, que habría que retirar inmediatamente? ¿O veremos a la edición catalana reclamando el referendo que la edición estatal rechaza?
Lo malo de este debate, que supongo que se planteará hoy en la reunión preparatoria del acuerdo de gobernación, es que recuerda demasiado el dicho de Groucho: «Tengo estos principios; si no le gustan, los cambio». En la versión podemita sería: «Quiero que el pueblo catalán se pronuncie sobre su pertenencia a España; pero si eso me impide ser ministro, puedo pensar lo contrario y considerar que esa consulta popular no cabe en la Constitución». No puede ser cierto que un líder político de sólidas convicciones morales y políticas como Pablo Iglesias o alguien en su nombre se preste a ese juego de máximo mercantilismo. Y encima, por iniciativa suya. Aunque se haya publicado, no puede ser.