Bueno, pues veremos al señor Torra sentado en el banquillo. En los catorce meses que lleva al frente de la Generalitat no consiguió que su Govern redactara más que una ley, pero incordió todo lo que quiso y más: mandó «apretar» a los agitadores; estuvo más con los revoltosos que con la gente de orden; obedeció a Puigdemont, que no tiene otro interés que destrozar al Estado español; fue más activista que gobernante y procuró, eso sí, no pisar la línea roja de la ilegalidad para evitar un nuevo 155. Pero fue a caer en lo más tonto: desobedecer en nombre de su libertad de expresión a los jueces cuando le ordenaron retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat. El Tribunal Superior lo envía a juicio por desobediencia. El fiscal pide una pena de veinte meses de inhabilitación.
Ni lo celebro ni lo lamento. Si una persona, gobernante o contribuyente, comete un delito, tiene derecho a un juicio justo. Por lo tanto, Torra tiene ese derecho. Pero, claro, es el Molt Honorable President de la Generalitat, un respeto. Para quienes le aclaman como el redentor es una especie de divinidad intocable, que está por encima de las leyes, y mucho más de las leyes de un Estado colonialista. Es como la personalidad del rey: inviolable. Quien lo viole merece el repudio de un pueblo libre y soberano como el catalán, al que quieren anular sus instituciones. Quiero decir que habrá protestas en las calles. Su paseíllo desde la plaza de Sant Jaume al tribunal será un recorrido entre gentes que le aclamarán para las televisiones del mundo como último mártir de su causa y víctima de una intolerable represión.
Yo no quiero ver a Quim Torra-persona condenado ni cesado en su cargo por una sentencia judicial. Me gustaría mucho verlo derrotado en las urnas, pero no condenado. Lo que destaco es que el Estado de derecho todavía existe y funciona en esa parte de España que llama Cataluña. El Estado como tal apenas existe allí. Poco a poco fue desplazado en sus instituciones, en sus símbolos y en sus imágenes más visibles, como el busto del rey Juan Carlos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona o los plantones del propio Torra y la declaración de persona no grata de su hijo Felipe VI en muchos municipios de la comunidad.
Los instrumentos de ese Estado de derecho son los jueces, encargados de aplicar la ley. Mientras existan jueces independientes, profesionales e incluso valientes, no todo está perdido para España. Los separatistas lo saben y por eso les llaman franquistas o represores. Lo que el Tribunal Superior de Cataluña hace ahora, frente a todos los demás vacíos, es demostrar que la ley existe, la ley se cumple y los delitos se juzgan. No es poco es estos tiempos de turbación.
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