Los bienes de la Iglesia y otros males (de la socialdemocracia)

OPINIÓN

24 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

En 1946 los calzoncillos de los varones en España siempre eran blancos. Hasta tres décadas después no hubo esa prenda en colores. Faltaban todavía 50 años para que hubiera teléfonos móviles y DVDs. No podía haberlos: 1946 era 30 años antes de las cintas de vídeo VHS. Solo había radio, faltaban 10 años para que llegara la televisión, 26 años para que hubiera televisión en color y 44 años para que hubiera más de dos canales y se pudiera zapear en España. Todavía faltaban 7 años para que hubiera gas butano en las casas. Y solo hacía 8 años que era legal que una mujer casada trabajara en España. El año 1946 fue hace mucho tiempo y más en una oscura dictadura. De aquel mundo antiguo de 1946 es la ley por la que los obispos pueden inmatricular edificios y espacios públicos. Aznar remontó las entrañas de la dictadura hasta 1946 para encontrar una ley que diera a los obispos licencia para apropiarse de lo que no era suyo. Y encontró que aquella ley de 1946 era demasiado moderna. En 1998 Aznar amplió los privilegios que la ley de 1946 daba a los obispos para actuar como notarios y registradores. La Iglesia se apropió de unas 30.000 propiedades en estos últimos años. Bastaría la Mezquita de Córdoba para llamar saqueo a lo que Aznar propició. Aznar hizo legal el expolio y los obispos se lanzaron a la rapiña sin pudor, con voracidad y sin reparar en el qué dirán. En los rincones patrios de los privilegiados, nuestra transición se hizo digna de El Gatopardo: se cambió todo para que todo siguiera igual.

La Iglesia es una de esas humedades del antiguo régimen que sigue empapando nuestra vida pública y acechando para que ni siquiera se mantengan los cambios hechos para que todo siguiera igual. Hay un síntoma de lo oscuros y profundos que son los intereses que sostiene: cada vez hay menos católicos, los católicos cada vez están más al margen de lo que digan los obispos, cada vez hay menos seminaristas y cada vez se participa menos en actos litúrgicos que no sean parte de festividades de religiosidad ya muy desvaída (como Navidad). Sencillamente a la gente cada vez le interesa menos lo que diga la Iglesia. Y sin embargo el poder político cada vez le da más poder en la legislación, en Justicia, en los medios, en Hacienda o en Educación. Y nuestro Sanz Montes llama con frescura «vuelta a la dictadura totalitaria» a cualquier mínima alusión a privilegios tan anacrónicos.

No son solo las inmatriculaciones. La prebenda que se le está dando a la Iglesia en la educación amenaza con desregular completamente nuestro sistema educativo por la manera tan rapaz y sin escrúpulos con que se está alimentando canonjía tan dañina. El propio Sanz Montes dijo que era muy democrático el proceso de privatización de la enseñanza a cargo del Estado. Se basa en la falacia de que es la libertad de los padres lo que propicia el traslado de aulas públicas a los dominios de la Iglesia con el dinero del Estado. En una economía de mercado los precios resultan de actos libres de vendedores y compradores. Cada vendedor pone el precio que quiere y cada consumidor compra lo que le conviene. El hecho cierto de que tras los precios solo haya actos libres no quiere decir que la especulación y los precios desorbitados de viviendas sean hechos muy democráticos decididos libremente por la gente, como diría el campechano Sanz Montes. Lo que cada uno decide libremente al ofrecer o aceptar una habitación de Airbnb no es que desaparezca el mercado de alquiler, que cierren las pescaderías de un barrio ni que aumente el desorden en las comunidades de vecinos. Su decisión libre es más modesta y ajena a todo eso. Son las autoridades las que tienen que diagnosticar el efecto global de tantas decisiones individuales libres y regular la situación. Quienes deciden libremente llevar a sus hijos a un colegio de la Iglesia tendrán sus razones. Pero su decisión libre no es que el sistema segregue socialmente a la población hasta propiciar guetos, ni que bajen los recursos para las necesidades educativas especiales, ni que la educación sea un campo de adoctrinamiento masivo del obispado a cargo del Estado. Hoy es más difícil que quien nace en clase baja mejore la situación de sus padres de lo que era en el franquismo tardío de los sesenta. Quien lleva su hijo a los jesuitas no lo hace para que ocurra eso, no es esa su decisión libre (aparte de que no tendría derecho a tal decisión). Es la autoridad quien tiene que detectar el efecto global y regular la situación. La Iglesia y los partidos conservadores quieren ese efecto global y pretenden que son los padres quienes lo deciden. La regulación del sistema educativo no implica necesariamente la inexistencia de la enseñanza concertada. Pero lo que tenemos ahora es lo que siempre quieren las bandas y los poderosos: intemperie sin reglas y privilegios para quienes están en ventaja.