Aunque la noticia se produjo en marzo, hubo que esperar hasta el operativo que detonó una bomba de guerra en la playa de la Barceloneta para que los ciudadanos percibiesen un cambio de enorme importancia práctica y simbólica en la policía del mar, que se refiere a la seguridad ciudadana y a las investigaciones judiciales en el área marítimo-terrestre. Lo que sucedió el 12 de marzo fue que la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial (CNCPJ) acordó, por mayoría, y en ausencia de la Ertzaintza, que la Guardia Civil asuma todas las funciones policiales en el mar, en detrimento de la soterrada y conflictiva invasión de competencias que impulsaban la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.
Aunque Cataluña ya adelantó que iniciará un conflicto de competencias, para preservar la calificación de «policía integral» que la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad le aplica a los Mossos, la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ampara la unidad de acción policial en las costas españolas, por lo que ha de entenderse que, sin haber cambios jurídicos de fondo, lo que ahora se hace es poner fin a un sordo conflicto planteado, por vía de hecho, por Cataluña.
Huelga decir que, más allá de reponerse la legalidad, y de reconocer que la Guardia Civil se ha evidenciado como uno de los cuerpos de seguridad más preparados, abnegados, disciplinados y versátiles del mundo, también ha llegado la hora de revisar, sin tapujos ni complejos, qué coste está teniendo -en eficacia, recursos, duplicidades, coordinación y legitimidad operativa- esta disparatada multiplicación de cuerpos de policía integral que, por razones políticas, trabajadas a favor del nacionalismo y de sus famosos «hechos diferenciales», estamos consintiendo y pagando.
Lo que más valoro de esta reposición del orden jurídico y orgánico que acordó la CNCPJ es que representa la primera frenada efectiva a una inercia impulsada por el independentismo, tolerada por el Estado, y ejercida con evidente desprecio de las políticas de Estado, cuyo objetivo era poner de manifiesto la ausencia del Estado de los territorios gobernados por el nacionalismo, cuyos peligrosos avances se pusieron de manifiesto con ocasión del referendo ilegal que convocó la Generalitat en el 2017, y la consiguiente aplicación del artículo 155. Porque, aunque el Estado sigue siendo formalmente visible en Cataluña, en la práctica ya no es así, ya que el uso espurio de las policías integrales produce una sensación de ocupación y limitación de derechos de los pueblos que dificultó y emponzoñó todas las acciones, costó un riñón y la mitad del otro, y sigue alimentando la campaña internacional que presenta a Cataluña como un Estado sometido.
Por eso debemos de concluir que, si ellos han usado el destierro de la Guardia Civil como símbolo de fragmentación del Estado español, nadie debería molestarse si entendemos la vuelta de la Guardia Civil como el símbolo de unidad y fortaleza que ellos quisieron destruir.