Antes que hacernos pasar a todos por el trago de comprobar como la llingua asturiana era pisoteada en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), al impedir a la consejera Berta Piñán hablarla con normalidad, vaya por delante que la opinión de los letrados de la Cámara -y la decisión de la Mesa de la Comisión en que se dilucidaba la cuestión- bien podría haber sido otra, porque el asunto es, como poco, discutible desde el punto de vista jurídico. Que una consejera intervenga en asturiano en una sesión parlamentaria debería ser considerada una práctica perfectamente admisible, siendo ésta lengua tradicional de Asturias, como dice el artículo 1 de la Ley 1/1998, que regula su uso y promoción y que garantiza el derecho a los ciudadanos a utilizarla; gozando de protección, como recoge el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía; y amparando el reglamento de la JGPA, en su artículo 11, que los Diputados la empleen, lo que permitiría una interpretación más flexible y extensiva de tal facultad para los miembros del Consejo de Gobierno. Lo que toca ahora, existiendo una laguna jurídica y una cuestión que el exceso de susceptibilidad ha transformado en controvertida, es que, el Presidente de la JGPA, con el parecer favorable de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, dicte una resolución de carácter general para contemplar esta situación (como le permite el artículo 38.2 del reglamento) y evitar así la repetición de este lamentable episodio. O, mejor aún, que se reforme con prontitud el reglamento de la JGPA y se zanje la cuestión con la claridad que hasta ahora falta, protegiendo para todos el derecho a expresarse en asturiano.
En todo caso, nos encontramos, una vez más, y esta vez llevado al escenario institucional con toda su crudeza, con las limitaciones que comporta la falta de estatus de la lengua asturiana como lengua oficial. El contorno básico de derechos lingüísticos que el reconocimiento de la oficialidad consagra, evitaría de antemano cualquier atropello y humillación como la vivida por la consejera. Las políticas de protección efectiva, la limitación de obligaciones a los poderes públicos (y no a los ciudadanos), y en general, todas las salvaguardas y comedimientos que se quieran razonablemente añadir a la oficialidad, para generar un mayor respaldo a una regulación acorde a la realidad sociolingüística asturiana, son campo de debate, sin duda. Pero, en un marco de oficialidad amable -como se le ha venido a calificar-, a nadie se le obligaría a hablar en una lengua, el castellano el asturiano, que no fuese la de su elección, porque eso es lo que ha sucedido en este caso. Y, menos aún se pondría en tal tesitura a un miembro del Gobierno que encabeza una consejería que lleva el término «política lingüística» en su rótulo.
Dudo mucho, por otra parte, que la diputada mierense del PP -de nombre María Gloria García Fernández, matrícula tomada-, la misma que hace no mucho leyó un poema de la propia Berta Piñán en un acto conmemorativo del Día de les Lletres Asturianes, no entendiese a la consejera, a la que apenas dejó comenzar su discurso. Una demostración de tamaña mala fe y desvergüenza, un empeño sañudo en agitar el avispero y convertir en problemático todo lo que rodea el uso de la lengua asturiana, en lugar de aceptar con normalidad que la Consejera se expresase libremente, sólo parte del fanatismo y la brutalidad. Me pregunto en qué momento comenzamos a tolerar que la mediocridad y la mala baba de este calibre se convirtiese en moneda común en política. Encontró la diputada la horma de su zapato en el portavoz de Vox, que, como no, se coronó haciendo la bromita sobre el mejor entendimiento del inglés, con su habitual gesto de suficiencia. Enhorabuena por entrar fuertemente en el campeonato de provocaciones iniciado por su compañera, pero me pregunto qué cree el fervoroso nacional-populista que sucederá en las décadas por venir, cuando el poderío económico y político que empuja de cola la hegemonía del inglés como vehículo de comunicación (y del lenguaje de programación, dicho sea de paso) vaya arrinconando al castellano, como sucede ante nuestros ojos. Igual le parecerá genial seguir entendiendo el hecho lingüístico en términos estrictamente darwinistas y utilitarios, y no bajo el prisma de los derechos de los hablantes, de la pluralidad y riqueza lingüística, de la necesaria convivencia de lenguas en una realidad donde dominar varias -vernáculas y extranjeras, mayoritarias y minorizadas- es símbolo de adaptación y de sensibilidad cultural y humana. Como de Vox, sin embargo, no puede esperarse otra cosa, quien tiene que hacérselo mirar es el PP, que es un partido central -aunque no centrado, por lo visto- en la política española, y en el que no deberían salir gratis conductas irresponsables, puro veneno para la convivencia, como las de la diputada en cuestión (se esté o no a favor de la oficialidad, naturalmente). Y a ésta, si le queda un atisbo de vergüenza, le quedaría pedir humildemente disculpas o, sencillamente, dimitir, en el idioma que le dé por la gana.