Apropiación ilícita de la Constitución


En la campaña electoral de abril el centroderecha expulsó verbalmente al Partido Socialista y a su líder Pedro Sánchez del ámbito constitucional. Ahora, rumbo al 10N, vuelve a repetirse la misma canción, aunque con un cambio en las estrellas que la interpretan. Se repitió, sobre todo, en la moción de censura que Ciudadanos presentó al presidente de la Generalitat de Cataluña. Como el PSC se abstuvo, no respaldó la moción y el señor Iceta fue muy crítico con Lorena Roldán, la portavoz del PP en el Congreso conminó a Miquel Iceta en los pasillos del Parlament a volver al constitucionalismo. Es decir, que votar en contra de la candidata de Ciudadanos es situarse fuera de la Constitución. Algo parecido, o incluso peor, se le dijo a Pedro Sánchez cuando intentó la «política del ibuprofeno» (definición de José Borrell) con los independentistas del gobierno catalán. Y el colmo del cinismo: personas que militan en Vox y propugnan nada menos que la desaparición del Estado de las Autonomías, arremeten contra este cronista por preguntar en la radio, simplemente, quiénes tienen autoridad para expulsar a alguien del marco constitucional.

Todo esto es consecuencia de un exceso: el centroderecha, tanto en su versión PP como en su versión Ciudadanos, tiene un sentido patrimonial y exclusivista de la Ley de Leyes. Sus dirigentes no solo se erigen en sus únicos defensores, sino que expulsan, casi excomulgan, a todo aquel que no coincide con su estrategia o su forma de interpretarla. Tienen tal furia al enfrentarse a los independentistas -en general a todos los partidos nacionalistas-, que todo aquel que muestra una mínima comprensión de sus ideas o recomienda o practica un tímido diálogo con ellos, es un hereje constitucional. Usan la expresión «España plural», pero detestan y condenan a quien hace una política que propugna ese pluralismo.

No pretendo defender al Partido Socialista, ni a Pedro Sánchez, ni a Miquel Iceta. Pero al menos se podría tener la elegancia de reconocer el papel del PSC en todo el procés, su lealtad al Estado y su difícil defensa de la integridad territorial en Cataluña. Expulsar al socialismo del ámbito constitucional es actuar de separadores, como hicieron antes con el catalanismo moderado. Y expulsar a todo el PSOE es la forma más directa de dejar a la Constitución desamparada. Como las derechas sigan con ese discurso excluyente, llegará un momento en que una Constitución pensada para todos y redactada por todos en su día, será su monopolio, y los símbolos del Estado constitucional, empezando por la corona, serán de derechas. Eso sí que es menoscabar la Constitución, no rechazar a una candidata a presidir un gobierno regional.

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