La sentencia entró en campaña


Tiene algo de salomónico esta sentencia. El fallo condena por sedición y malversación, pero descarta la rebelión. Fija duras penas de prisión, pero reduce casi a la mitad las que pedía la fiscalía. Junqueras y adláteres no son esos pacifistas angelicales que jamás han roto un plato ni atropellado la Constitución y las leyes. Pero tampoco son equiparables a aquel teniente coronel bigotudo que asaltó el Congreso a tiros y palabras soeces, como insinuaba el juez instructor Llarena. A cada cual lo suyo.

Los independentistas rechazan la sentencia y a los halcones de la derecha tampoco les agrada. Los primeros lo dicen abiertamente: desde Piqué (el futbolista), que la considera «una vergüenza», hasta el inefable Torra, que la califica de «insulto a la democracia». Los segundos disimulan su disgusto, acatan el fallo y lo aplauden. «Hemos ganado los buenos», dijo Albert Rivera. «Quien la hace, la paga», remachó Pablo Casado.

¿Cómo puedo decir entonces que ni a uno ni a otro les complace la sentencia? Hace menos de un año, Casado tildaba de «indecente» a Pedro Sánchez porque el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, retiraba la acusación de rebelión y la rebajaba a sedición. Paralelamente, Rivera acusaba a Sánchez de «beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia» y fichaba para sus filas, con bombo y platillo mediáticos, a Edmundo Bal, el heroico abogado del Estado que se mantuvo en la tesis de la rebelión. Espero que nadie acuse de indecente al Supremo por haber aceptado las tesis de la Abogacía del Estado.

Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a rectificar. Pero no es el caso: tanto Casado como Rivera se mantienen en sus trece. Ayer mismo, el líder del PP, tras una breve concesión a su nuevo papel institucional -«proceso judicial ejemplar», apoyo a las acciones del Gobierno para preservar el orden público en Cataluña-, aprovechó que la sentencia pasaba por ahí para hacer campaña, lanzarse a degüello contra Sánchez y culpar a las leyes socialistas del volcán catalán. Baste un ejemplo: prometió resucitar el delito de rebelión impropia, aplicable a quienes declaren la independencia aunque no medie violencia. Es decir, a Casado le desagrada la sentencia, pero no atribuye la culpa al Supremo, sino al socialista Felipe González, que fue quien suprimió ese artículo del Código Penal. Se olvidó, eso sí, de mencionar que el delito de rebelión impropia comportaba penas de entre 6 y 12 años de prisión: inferiores a las dictadas en la sentencia de ayer.

Rivera, más contenido y menos innovador, se limitó a describir el caótico panorama de Cataluña: desórdenes públicos, carreteras cortadas, ciudadanos acosados... No las protestas que él presentía como reacción a la sentencia, sino la situación que él -y solo él- veía a las doce y media de la mañana de ayer.

A Casado y a Rivera les sabe a poco el fallo. Saben que Pedro Sánchez se juega el tipo en la gestión de la sentencia y del día después. Y por eso echan en falta que el Supremo no haya vertido más bidones de gasolina en el incendio catalán.

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