Condenados a entendernos


El problema, o me atrevería a decir el problemón catalán, seguramente ha creado heridas difícilmente reparables. No sé qué es peor: si la fractura entre la ciudadanía catalana con la del resto del Estado o si la división social entre los propios catalanes (fragmentados a partes iguales entre los que quieren la independencia o y los que no). Es notorio que este tema ha dividido a familias y a amigos y que de cara a las elecciones del 10 de noviembre no habrá otro tema del que hablar. La educación, la sanidad, las pensiones y, en general, nuestro futuro, quedarán en un segundo plano en el debate electoral. No me parece tema menor ni mucho menos, pero solo digo que el resto de los problemas da la sensación que se pasarán por alto.

Me encuentro en el medio de un conflicto que no tengo ni idea cómo se puede resolver. Aunque apoyo apelar al diálogo y a buscar una salida política a la situación, soy consciente que tiene más posibilidades de convertirse en palabras huecas que en la real solución a esta cuestión. Los problemas políticos están para resolverse en la política, por lo que siempre he considerado un error judicializar temas como el catalán. Pero aunque tenga esta opinión, también he de decir que hay unas reglas de juego (seguramente no sean las mejores y haya que cambiar muchas cosas, pero son las normas que nos hemos dado todos) y nadie puede estar por encima de la ley. La irresponsabilidad de algunos políticos catalanes sumada a la fábrica de independentistas que consigue crear la derecha española cada vez que gobierna genera un cóctel del que quienes no seguimos las tesis ni de unos ni de otros nos encontramos en el justo medio, en el lugar más complicado. 

Las sentencias hay que respetarlas y acatarlas. El Tribunal Supremo no es el competente de solucionar un problema político, pero sí de juzgar delitos que se hayan cometido. Puede gustar más o menos las penas, pero considero que el juicio ha sido lo más abierto y transparente posible. Me parece injusto acusar a España de no ser un país democrático. Soy el primero que apuesta por un cambio (e incluso radical) y que le gustaría una profunda renovación, entre otros estamentos, del Poder Judicial, pero ello no quiere decir que lo que hay no sirva. Tampoco me hace gracia que se hable de ‘presos políticos’ para hablar de los políticos presos ni de exiliados para definir a los fugados de la justicia en un país que hasta hace 40 años seguía dominado por el dictador de (ya quedan pocos días) Cuelgamuros. Si algo ha constatado la sentencia es que no existió referéndum, ni rebelión ni un golpe de estado. Todos estos vocablos que usan unos y otros para argumentar sus tesis no se produjeron. Por tanto, ni hubo ninguna votación legal ni hubo levantamiento alguno y sería deseable que no tengamos que oír más ‘España no nos deja votar’ y ‘los golpistas catalanes’ a nuestros responsables políticos.

Nunca entenderé las tesis independentistas en un contexto internacional en el que no tiene sentido alguno separarse (el ejemplo más claro está en el cacao del brexit), pero respeto que haya personas que lo apoyen. Lo que me sobrecoge es que una cuenta de Twitter les guie como a un rebaño. Si quien escribe decide que todos deben ir al Aeropuerto de El Prat, allí van en masa. Por cierto, el derecho a la manifestación y a la concentración está totalmente permitido, pero siempre y cuando sea autorizado por la Delegación del Gobierno. Asistimos a cortes de carreteras y de calles sin ningún tipo de permiso, y se usa la coletilla de «pacíficas» porque no van armadas esas personas, pero en ningún caso lo están ejerciendo correctamente. Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado son a quienes cedemos la responsabilidad de protegernos y cuando hay altercados son quienes deben restablecer el orden público. A nadie nos gusta ver las cargas, porque siempre habrá heridos, pero los operativos que se han desarrollado estos días en coordinación entre los Mossos y la Policía Nacional han sido los correctos, y es de agradecer en un contexto de tensión, en el que los violentos (muy pocos pero muy mediáticos) pueden campar a sus anchas y generar todo tipo de disturbios y problemas. Ya el colmo de los colmos es el propio Torra pidiendo a la gente que se movilice a la vez que la policía autonómica actúa cuando es preciso. Este señor es el Presidente de la Generalitat, es el máximo dirigente político de Cataluña y su deber es gobernar para todos y no dedicarse a echar gasolina al fuego, a la vez que participa en marchas. Hoy hay convocada una huelga general en Cataluña que puede agravar la situación, sumada a las recomendaciones que algunos países han pedido a sus ciudadanos de que se piensen mucho estar allí.

Estamos condenados a entendernos, pero, ¿cómo volver a reconstruir la convivencia? Es la pregunta del millón. En una sociedad avanzada y moderna el diálogo tiene su razón de ser, porque espero que no haya que volver al pasado tal y como leí ayer en un tweet: si algo hemos aprendido de la Edad Media es que estas cosas se arreglan casando a una hija de Felipe VI con un hijo de Torra.

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