Carmen Calvo, en un avispero de velutinas


A la vicepresidenta Carmen Calvo se le fue la mano y la metió en un avispero. Entrevistada por Carlos Alsina, que le preguntó por Puigdemont, que en ese momento estaba ante el juez que decidirá su futuro, la señora Calvo se sinceró: el Estado español no entendería que el fugado no fuese entregado a España. Sería poco menos que una deslealtad de un país socio y amigo y el Gobierno español tomaría decisiones. No concretó cuáles, pero la palabra «decisiones» sonó como «represalias». Los digitales independentistas lo escucharon, lo publicaron y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, lo leyó y se lo hizo leer al juez belga, más o menos con estas palabras: «Aquí tiene usted la prueba de que mi representado sufre una persecución política». Boye declaró después que estaba muy agradecido a la vicepresidenta por lo que les había ayudado.

Si al final el fugado no es entregado a la Justicia española, Carmen Calvo no será responsable. Ella no cometió otro pecado que expresar con sinceridad sus sentimientos de mujer y de gobernante. Probablemente tuvo el acierto de enseñar los dientes a los gobernantes belgas, que nunca se han distinguido por su colaboración con nuestros jueces. Pero cometió varios errores. El primero, hacerlo en un medio informativo y ante centenares de miles de oyentes, cuando esas cosas se hablan y se negocian en secreto. El segundo, hacerlo en un terreno y sobre una materia en que los independentistas son maestros de la manipulación. Y el tercero, mezclar la política con la Justicia. Cuando tanto se nos predica la independencia de la Justicia, no se puede acudir -y menos en público- a argumentos políticos contra decisiones judiciales. Si se hace, se estimula al juez sentenciador a demostrar que es independiente y se pasa por el forro las presiones de un gobierno. De cualquier gobierno.

Sépase, además, que la extradición de Puigdemont es mucho más complicada. Depende, sobre todo, de que uno de los delitos de que se le acusa, la sedición, puede ser y es muy grave, pero si no existe como tal en los códigos belgas el juez no lo extraditará por ese delito. Y algo peor: si lo extradita solo por malversación, le hace la gran faena a España porque Puigdemont estaría en superioridad de condiciones a los demás sediciosos ya juzgados, a pesar de haber sido el principal responsable de los sucesos del 2017. El resto lo podemos imaginar: más gasolina para rechazar la sentencia del Supremo; más adoquines que tirar a la policía en Barcelona; más argumentos para que Torra siga diciendo que la buena es la Justicia europea. Lo demás vendrá por añadidura: la propaganda independentista ya está preparada para una campaña contra nuestros tribunales; una campaña feroz.

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