Visto en perspectiva y con un repaso a los disturbios de las últimas semanas en Cataluña, dentro del dramatismo de los deplorables acontecimientos, hemos tenido cierta suerte de que el balance no se parezca al que contemplamos en otros países sacudidos por distintas convulsiones. La comparativa con los 20 muertos en las protestas en Chile (estado de emergencia mediante, como el de excepción que algunos descerebrados propugnan para nuestro caso), incluyendo denuncias de torturas, malos tratos y detenciones ilegales, revela un contraste notable. Lo ocurrido en Cataluña no ha sido precisamente un suceso menor, pero algo dice a favor de las fuerzas de seguridad y del recorrido de los cuerpos policiales en un Estado democrático que, en circunstancias nada fáciles (como hemos podido ver en multitud de imágenes), no haya habido que lamentar ninguna muerte; y que, quien haya querido, ha podido ejercer con libertad su derecho legítimo a manifestarse pacíficamente (la mayoría de quienes protestaban, por cierto, dicen sinceramente no sentirse en absoluto representados por la minoría violenta). Eso no significa, obviamente, que se pueda minusvalorar nada de lo ocurrido, porque las cifras hablan por sí mismas: 600 heridos (de los que 289 son agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional), 199 detenidos, 2,7 millones de euros en daños, 1.044 contenedores quemados en Barcelona y un largo etcétera de consecuencias negativas. Lo peor, en el balance humano, son los 4 heridos por pelotas de goma o balas de foam lanzadas por los antidisturbios que han perdido la visión de un ojo y un agente de policía gravemente herido por un golpe recibido en la cabeza.
Queda el camino de la justicia y la aplicación del Código Penal, en su debido proceso, en todos los casos en que se acredite la comisión de algún delito, lo que desde luego vale para los participantes en los disturbios que hayan cometido delitos de lesiones, atentado contra la autoridad, resistencia o desobediencia, desórdenes públicos, daños contra el patrimonio, etc. Los excesos policiales, aunque el contexto haya sido tan complicado para su intervención, tampoco pueden ser pasados por alto, porque, en los casos en que el uso de la fuerza no haya sido justificado o proporcionado, es debido escrutar las circunstancias y las responsabilidades que concurran. Rendición de cuentas que debe estar alejada, eso sí, de la utilización partidaria que se está haciendo por algunos líderes instalados en la trinchera, con brocha gorda -a favor o en contra- sobre el papel de los Mossos y la Policía Nacional y sus responsables institucionales. También convendrá analizar en qué medida determinadas técnicas de dispersión o contención representan riesgos de males mayores, ya sea el uso de pelotas de goma o las supuestamente menos dañinas balas de foam (¿acaso hay que asumir como inevitable que se revienten globos oculares de cuando en cuando?) o el llamado carrusel (la irrupción de furgones policiales donde se encuentra el grupo que se quiere disolver) que incrementa notablemente el riesgo de atropellos. Estas preocupaciones las han puesto de manifiesto organizaciones independientes de Derechos Humanos sobradamente acreditadas, empezando por Amnistía Internacional, porque las fuerzas de seguridad tienen, en ese contexto, atribuido el ejercicio legítimo de la fuerza en el Estado de Derecho, pero, por ello, bajo reglas y restricciones, con la responsabilidad de actuar dentro de sus límites, no debiendo contrariar esa confianza con usos de la fuerza excesivos o no justificados.
Por mucho que reconozcamos, en un escenario tan difícil, que gestionar desde la prudencia sucesos graves no es para nada sencillo; por mucho que repugne el nivel de violencia organizada y gratuita de algunos grupos que han parasitado las movilizaciones contra la sentencia del procés; y por mucha distancia que se tenga del propio movimiento independista, lo que no podemos es caer en una dinámica perniciosa de retóricas inflamadas (la del “a por ellos”) en la que los agentes de seguridad se convierten en nuestros soldados y los protagonistas de los disturbios en el enemigo a aplastar. Ese discurso belicista, que corre como la pólvora y en el que no pocos líderes políticos destacados incurren peligrosamente (y no sólo del nacional-populismo) es profundamente irresponsable y dañino para la convivencia, y, además, es el que replican quienes, desde distintas posiciones, aspiran a profundizar en la brecha que alimenta el desafecto, cuando no el más elemental odio. Jalear a las fuerzas de seguridad y pedir a los antidisturbios que den caña, como si se tratase de una pelea de barrio, o peor aún, de un conflicto armado, no tiene nada que ver con una concepción democrática y avanzada de la función policial, y el material con el que se juega ?los límites al uso de la fuerza- es sensible. Tampoco se corresponde, además, con las necesidades de los profesionales que integran estos cuerpos, que lo que precisan son medios adecuados, dotación de personal suficiente, eficacia y serenidad en el mando, formación sólida para responder equilibradamente en situaciones de riesgo y tensión y, claro está, retribuciones y derechos laborales dignos.
Recordemos que la titularidad de los Derechos Humanos se predica de todos, los buenos, los malos y los regulares, y que esa es la esencia de su virtud. Y que, en un contexto de disturbios callejeros, el principal garante de tales Derechos es el agente de seguridad, también cuando tenga que intervenir y hacer un uso proporcionado de la fuerza.