En España no solo se permite sino que se garantiza un amplio ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de manifestación de cualquier ciudadano, en el marco de la ley, pero parece que nos hemos olvidado de que, en un Estado de derecho, de igual manera debiera permitirse y garantizarse la libertad de los demás a circular libremente, a trabajar e incluso a discrepar de quienes no comparten los mismos objetivos o ideales.
Mientras un puñado de ciudadanos se manifestaban, ocupaban y cortaban sin autorización la vía pública, como si fuese de su exclusivo uso y propiedad; comían tranquilamente sus bocadillos y bebían unas cervezas de forma aparentemente festiva, otros ciudadanos (unos 20.000 conductores) vieron violentados sus derechos. Sus camiones fueron bloqueados, les impidieron circular libremente y también trabajar. No les importó si esos camioneros sufren, por ejemplo, alguna enfermedad como la diabetes, que les obliga a estar pendiente de su alimentación ante subidas y bajadas de azúcar. Tampoco tuvieron en cuenta que los transportistas estaban encarcelados dentro de sus camiones, que no podían abandonar por miedo a sufrir daños, robo de la mercancía o incluso sanciones de las autoridades de Tráfico.
Obviamente, estos ciudadanos, los conductores de camión, no iban preparados con sus bocadillos y sus bebidas, ellos soportaron encerrados en sus cabinas la coacción de los manifestantes que, ante la pasividad de las autoridades, cortaron el tráfico en una de las vías de circulación más importantes de este país, la AP-7, en La Junquera.
Los perjuicios económicos son cuantiosos, no solo para las empresas, que habrán de soportar pérdidas entre 350 y 500 euros diarios por cada camión paralizado; sino también para el sector agrícola e industrial, cuyos productos ya no llegarán en fecha a sus destinos y en muchos casos serán sustituidos por los procedentes de otros estados. La conducta de estas personas que presumen de demócratas, pero que en realidad no son más que pequeños dictadores que tratan de imponer su voluntad por la fuerza, es intolerable. Pero también lo es la de las autoridades, que conociendo de antemano que van a producirse estos hechos de violencia y coacción no solo no toman ninguna medida preventiva para evitarlos, sino que los toleran durante horas, dejando al resto de los ciudadanos indefensos ante estas huestes del autodenominado Tsunami Democràtic.
Desde las organizaciones empresariales del transporte nos preguntamos si las autoridades que propician y fomentan estas conductas asumirán el pago de los perjuicios causados a estas empresas. En todo caso, exigimos respeto a nuestros conductores, a su integridad, a su derecho al trabajo y reclamamos que las autoridades competentes garanticen el derecho de todos a la libre circulación.