¿Estamos ante el genocidio de la cultura española?


Responder a este interrogante, a priori, no es alcanzable porque formalmente no existe un documento jurídico o declaración universal que especifique los elementos del conjunto «genocidio cultural», pero como no es un «conjunto vacío», cabe abordar alguna sustancia que pudiera darnos pistas capaces de enfocar la cuestión.

Distinto sería, por supuesto, si el destinatario del requerimiento fuese solo el nombre (genocidio), sin el apellido (cultural), porque en ese caso hay un consenso acerca de lo que es un genocidio, en tanto en cuanto se fijan términos como «aniquilación», «raza» o «deliberado». Tampoco ayuda en nuestro propósito inquisitivo que invirtamos el agente agresor, que comúnmente es más poderoso que el agredido, haciendo que el todo sea violentado por una o varias de sus partes (España por cuatro regiones), lo que equivale, en el Materialismo Filosófico, a un todo a la parte distributiva, desde la perspectiva de la unidad, y que también implicaría el concurso de rasgos de una totalidad dioscúrica. 

Sin embargo, este inusual hecho (el poderoso doblegado por el débil) nos hace avanzar en la aproximación a la cuestión, porque para que la inversión tenga éxito es imprescindible la inacción de la Nación política, formalmente real con la Constitución de 1978 y materialmente sustentada por un proceso histórico que ya antes de nuestra era registra un acontecimiento de una magnitud insoslayable: la ocupación peninsular de Roma.

La inacción política empezó en 1975. Atada por el franquismo (el «atado y bien atado» del dictador), la transición hacia la democracia, que fue un referente mundial por cómo se pasó de un régimen dictatorial a otro de libertad sin conflicto armado, supuso la colocación de un «artefacto» que, casi medio siglo después, ha explotado. Este artefacto estaba oculto, como el sagaz y malicioso Odiseo en las entrañas del caballo que los griegos dejaron en la llanura de Troya tras su fingida retirada. Nuestros «troyanos» fueron las Autonomías, que nacieron desiguales en cualesquiera de los sentidos que se utilicen para su examen. En lo económico, los recursos del Estado son de una desigualdad tan extrema que hay regiones que bien pudieran estar clasificadas entre las más famélicas del Primer Mundo, y viceversa. Y en lo étnico, las hay que «sienten» que sus ancestros llegaron en un lejano tiempo (¿en el Precámbrico?) procedentes de una lejana roca cósmica dadora de seres inimitables. 

En su desarrollo, a las dos autonomías más «depredadoras» se les permitió, además de los dineros «extra», ir recibiendo transferencias que un Estado moderno (Francia e Italia, por ejemplo) no permitiría, a no ser que pretendiera inmolarse: policías propias en Cataluña y País Vasco (y su apéndice Navarra de la mano del PSOE); prisiones para aquella; cooficialidad lingüística fraudulenta; contenidos académicos nacionalistas; salarios para políticos y sociedades del «régimen» desorbitados… Desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, los gobiernos del PSOE y del PP fueron consumando el adelgazamiento de la Nación política, que hoy presenta una estampa anoréxica espectral.

Entonces, la irresponsabilidad de los inquilinos de La Moncloa, unido a la plasmación en la Carta Magna del 78 de los denominados «derechos históricos», nos han traído el 6 y 7 de septiembre de 2017, días infaustos que desbordaron el territorio catalán, pues su onda expansiva, asimismo no sofocada por Madrid (Rajoy y, sobremanera, Sánchez), avivó los «sentimientos» nacional-racistas del País Vasco, Valencia y Baleares. Los derechos históricos, que proceden en su mayoría de una Edad Media cegada por ambiciones dinásticas e intereses espurios, son plataforma de despegue de los sentimientos antedichos.

(Conviene una reflexión en torno a los libros de texto y a la predicación habitual de cada vez más profesores en las aulas, especialmente catalanas. Las leyes son muy precisas en la defensa de los menores de edad, pero no se aplican a todos los niños y adolescentes. Los que estudian en Cataluña están sometidos a un aprendizaje que tiene por eje la hostilidad y el desprecio hacia lo «español», que genera ira y execración, eclipsando paralelamente los hechos histórico-geográficos y la debida instrucción ética y moral. Por lo tanto, estos chicos están siendo maltratados de un modo más terrible que unas bofetadas, que suelen acarrear penas de prisión a los padres que las dan. Estamos capacitados para ver con pavor lo que suponen las madrazas, pero no para ver el arrastramiento en las aulas-madraza catalanas o vascas, que dan el mismo pavor. El fariseísmo  es un mandamiento del buen «patriota»).

Dejando en el cajón el cuaderno con otras anotaciones que apuntalan el devenir escandaloso de este proceso desintegrador, entendemos que es factible una respuesta aproximativa al interrogante «¿Estamos ante el genocidio de la cultura española?». El último hecho que hemos conocido procede de las Islas Baleares. Su presidenta es una socialista (esta afirmación ha dejado de ser válida; afiliada al PSOE encaja a la perfección), Francina Armengol, que gobierna con Unidas Podemos y con Más. Este tripartito acaba de aprobar una ley educativa que certifica la destrucción del castellano. Esta lengua, una de las más habladas en el mundo y de una riqueza no inferior al alemán o al inglés, por citar dos idiomas altamente valorados, ha sido aniquilada en la enseñanza de las islas.

Cuando antes nos referimos a la muy desafortunada política lingüística de las «nacionalidades históricas», no estábamos negando el uso de lenguas autóctonas, sino la prioridad de estas sobre la nacional. Porque una cosa es rotular un cartel de autopista con «Gerona» y, debajo, «Girona», y otra con esta encima de la primera, o, con escarnio, que figure solo «Girona», o «A Coruña».

La inmersión lingüística catalana ha supuesto el ahogamiento del castellano más allá de la educación. Se amenaza, se insulta y se ataca a las entidades privadas que no usan exclusivamente el catalán. En las administraciones, incluidas las españolas en Cataluña, Baleares o Valencia, los independentistas llegan a denunciar a compañeros que se dirigen al público en español. El punto fuerte de la cuestión es la instauración de un departamento de política lingüística. Solo con su instauración se nos abre la realidad: no es un departamento político, es un departamento policial. La ley educativa balear ha incorporado este émulo de la Stasi.

Vicente Marzá es el consejero de Educación de la Comunidad de Valencia, integrante de Compromiso y del Bloque Nacionalista de Valencia. Marzá es a Valencia lo que José Bargalló a Cataluña, por cuanto el responsable educativo catalán es un fiero represor del español. Pero Vicente Marzá va más allá, porque en política general es comparable a Joaquín Torra. Sabido es que Compromiso gobierna con Podemos y el PSOE, que tiene la presidencia (Simón Puig). Las directrices de la dirección de Podemos (Pablo Iglesias) son, pues, ejecutadas en Valencia y Baleares, y en el País Vasco las ratifican, en lo lingüístico y en lo separatista. Los socialistas son la misma versión, aunque más retorcidos, porque se camuflan bajo unas siglas que históricamente sobrevolaron el nacionalismo radical.

Globalmente mirado, el apartheid promovido por estas cuatro regiones contra los españoles coincide con varias de las propuestas que maneja la ONU para determinar si se está cometiendo un genocidio cultural. Acerquémonos a dos. 1) El verbo «adoptar»: las cuatro autonomías han adoptado medidas legales para «expulsar» el idioma y todo atisbo de españolidad. 2) El sustantivo «propaganda»: en todos los sectores sociales se administran letales dosis de propaganda de odio a España.

El resultado final es que vascos, catalanes, valencianos y baleares sobrados, que son los que gobiernan, están convencidos de que son pueblos superiores, física e intelectualmente. Esta tal consideración tiene una traducción: racismo criminoso, que, al fin y al cabo, es un elucidario del genocidio cultural primigenio.

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