El espectacular ascenso de la extrema derecha en las últimas elecciones y la radicalización conservadora de una parte de la derecha tradicional, incluidos medios de comunicación y organizaciones sociales y culturales, ha contribuido a poner en valor la Constitución de 1978 en su 41 aniversario. Orbán, Kaczy?ski o Erdogan, a pesar de sus holgadas victorias electorales, probablemente no hubieran logrado en España avanzar hacia el autoritarismo como lo hicieron en sus países. No solo porque aquí estén mejor garantizados los derechos individuales y las libertades, sino porque el complejo procedimiento de la modificación de los artículos que los protegen, con necesidad de mayorías cualificadas de dos tercios de los diputados y senadores en dos Cortes consecutivas y aprobación definitiva en referéndum, solo permitiría hacerlo si una abrumadora mayoría lo desease y se mantuviese en esa voluntad durante cierto tiempo. Eso afecta también a las comunidades autónomas y al reconocimiento de que en España existen nacionalidades y regiones, que Vox solo podría suprimir mediante un golpe de estado o si lograse esos apoyos. La otra cara de la moneda es que los mismos requisitos serían necesarios para establecer la república o permitir la independencia de Cataluña o de otra comunidad autónoma.
El exigente procedimiento para la modificación del título preliminar, de la sección primera del capítulo segundo del título I y del título II de la Constitución se explica por el contexto histórico, por una situación en la que las fuerzas democráticas que procedían de la oposición al franquismo deseaban proteger al máximo los derechos y las libertades, incluidos los de las nacionalidades y regiones, y los sectores más conservadores, que comprendían a los políticos procedentes de la dictadura, la monarquía, que veían como una garantía de estabilidad y de cierta continuidad, y la unidad nacional. El resultado fue una Constitución democrática y garantista, algo que hoy se valora especialmente, pero que dificulta enormemente tanto el cambio de régimen hacia la república como el derecho de autodeterminación.
Esto no impediría que una mayoría antidemocrática en las Cortes pudiese hacer mucho daño sin necesidad de modificar la Constitución. La posibilidad de elegir un Tribunal Constitucional que la interpretase a conveniencia estaría abierta y con ella la de hacer leyes anticonstitucionales, pero amparadas por ese órgano. El riesgo siempre existe, aunque esté atemperado. Por otra parte, en situaciones extremas, las leyes, incluidas las constituciones, pueden convertirse en meros ejercicios literarios. El próximo 1 de enero se conmemora el segundo centenario del pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan, que abrió el camino para el restablecimiento de la primera Constitución española. También era difícil de reformar, pero Fernando VII prescindió de formalidades para derogarla en 1823. España tiene una larga tradición de constituciones violadas, incluso por los reyes, menos mal que a nadie se le ha ocurrido declararla patrimonio inmaterial de la humanidad.
Parece que, por primera vez con el sistema constitucional de 1978, va a formarse un gobierno de coalición. Debería satisfacer a todos los sectores progresistas y de izquierda que el PSOE y Unidas Podemos hayan llegado al acuerdo que ya debieron firmar, en mejores condiciones, en la primavera y no hay razones para que los conservadores anuncien el apocalipsis. Gobernarán mejor o peor, habrá que esperar a comprobarlo, pero son dos partidos legales que actúan dentro del marco establecido por las leyes y la Constitución, de la que uno puede atribuirse con razón la paternidad compartida, y si consiguen hacerlo será gracias a que recibieron más votos que las derechas. Ninguna de sus propuestas justifica los disparates que se han dicho y publicado y las leyes y presupuestos que promuevan deberán ser aprobados por un parlamento en el que tendrán que pactar. Su mayor problema consiste en que deberán conseguir al menos la abstención de ERC, pero también es una ventaja. No es esta la mejor situación política, pero si se quiere estabilizar la de Cataluña serán necesarios diálogo y pacto. Las derechas pueden estar tranquilas, la Constitución establece el límite. Solo hace falta pragmatismo, los independentistas tienen que ser conscientes de que no pueden lanzar un órdago cuando no cuentan con el apoyo ni de la mitad de los catalanes. Los avances serán pequeños si no se logra incorporar al diálogo al PP, muy presionado por Vox, y a lo que queda de Ciudadanos, pero se puede mejorar la financiación de las autonomías y ser más flexible con las leyes aprobadas por el Parlament.
Hay muchos aspectos de la Constitución que pueden ser modificados con un procedimiento más simple, desde las circunscripciones electorales a las competencias de las comunidades autónomas o la composición y funciones del senado. Javier Pérez Royo lo consideraba el domingo imprescindible y urgente y ponía el ejemplo de Alemania, que ha reformado la suya en 62 ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el mayor obstáculo lo ofrecen los sedicentes «constitucionalistas», que la han convertido en una especie de texto sagrado que utilizan como inquisidores para repartir anatemas, mientras olvidan que una de sus grandes virtudes es precisamente que no excluye a nadie por sus ideas. Quizá, si hay suerte y el gobierno llega a formarse, cuando se compruebe que España no corre riesgo de destrucción, que no se implantan las cartillas de racionamiento, nadie se dedica a quemar iglesias, no se ponen obstáculos a que los ayuntamientos continúen compitiendo por quién tiene la bandera más grande y se sigan cantando pasodobles y coplas patrióticas sin restricciones los ánimos se calmen y hasta se pueda hablar de reformas con tranquilidad. Habrá que pedírselo a los Magos de Oriente.