Quienes poseemos profundos conocimientos del sistema sanitario, como es el caso, sabíamos del origen del problema de la sanidad catalana, pero no nos atrevimos a denunciarlo. Solo Rafael Ribó, el Síndic de Greuges, en pleno uso de sus facultades mentales osó decirlo alto y claro. «Uno de los déficit que tiene la sanidad pública de Cataluña es que tiene un sobrecoste con la gente que viene a Cataluña a intervenirse». Textual. Nada dijo del fondo de cohesión, pero tampoco cobra 129.000 euros anuales para andar dando explicaciones. Para esto no se eligió con el apoyo de PSC y PP.
El caos de la sanidad catalana no fue de dominio público porque nunca los periódicos recogieron las eternas caravanas y atascos en las autopistas que se producen a diario por los miles de ciudadanos, sanísimos ellos, que allá se van con la única finalidad de colapsar su sanidad. Realmente estamos ante una acción de sabotaje, organizada por esa España que no soporta a Cataluña. Una acción que no sería muy arriesgado aventurar, antes de que lo haga el síndic, promovida por los presidentes de las demás autonomías.
Tan monumental es el quebranto que los foráneos infringen a la sanidad catalana que, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, está entre las de peores prestaciones. Todo un desastre en gasto, camas, pruebas médicas, número de profesionales, gasto farmacéutico, listas de espera y valoración de los ciudadanos, que es lo que analiza el estudio.
Un Ribó es lo que precisa España. En pleno uso de sus facultades mentales. Por aquello que dijo Darynda Jones que «la inteligencia tiene ciertas limitaciones, pero la locura casi ninguna».
