Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando
Hace tres meses conocimos el contenido de los escritos intercambiados entre el Ministerio de Justicia y los registros de la propiedad sobre el tema, donde se reconocen 34.984 inmatriculaciones desde 1998.
Habida cuenta de que entre 1946 y 1998 se estima un número mayor de inmatriculaciones y que es habitual la inclusión de varios bienes en una única inmatriculación, no es aventurado afirmar que estamos hablando de ¡más de 100.000! bienes inmatriculados sin aportación de ningún título de propiedad ni apertura de ningún expediente de dominio.
Hace dos meses conocimos que, a instancias de la página web maldita.es y del periódico El País, el Portal de Transparencia del Gobierno instaba al propio Gobierno a remitir la información a los peticionarios para poder hacerla pública.
Hace dos semanas conocimos, asómbrense, que el Gobierno (Ministerio de Justicia) recurría a los tribunales para no cumplir la petición que el Portal de Transparencia del propio Gobierno había realizado.
Hace una semana el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, nos comunicaba que, pese a que ya ha inscrito todo el prerrománico asturiano a nombre de la iglesia, vería con buenos ojos la colaboración del Principado aportando, como siempre, fondos públicos para su conservación y mantenimiento.
Hay que notar que es el estado quien ha financiado siempre la conservación y rehabilitación de catedrales y otros monumentos, incluido el prerrománico. La pequeña parte que ha aportado la iglesia proviene de sus ingresos por el IRPF; es decir, de ese dinero que, sin ser suyo sino de todos, unos pocos deciden que todos entreguemos a la iglesia católica.
La transparencia es uno de los pilares de una democracia. Y la nuestra queda muy en entredicho cuando el Gobierno tiene que pleitear contra su propio Portal de Transparencia para poder seguir ocultando información a sus ciudadanos.
Esa transparencia y nuestra democracia seguirán en entredicho mientras no se ofrezca a la ciudadanía una información detallada de todos los bienes inscritos mediante una simple certificación eclesiástica, sin mecanismo garantista de ningún tipo. Y seguirán en entredicho mientras en Asturias no conozcamos todas las notas simples registrales en las que se indique con claridad cuál ha sido el procedimiento que ha permitido poner bajo la titularidad de la iglesia católica todo el prerrománico asturiano.