Una investidura que España paga cara


Ni lo entienden en la Unión Europea, ni se puede comprender en ninguna otra parte del mundo. Dos años después de que Oriol Junqueras se convirtiera en el cabecilla de un alzamiento tumultuario en Cataluña contra el ordenamiento jurídico español y contra la Constitución, y solo dos meses después de que fuera condenado a trece años de prisión por esos hechos, que constituyen un delito de sedición en el que, según la sentencia, se produjeron «indiscutibles episodios de violencia», y por otro delito de malversación de fondos públicos, Pedro Sánchez, que ejerce la presidencia en funciones del país, no solo convierte al líder de ERC en su socio, sino que es el sedicioso quien ha impuesto desde la cárcel la posición de la Abogacía del Estado y las condiciones para que pueda ser investido. Si quien aspira a ser presidente del Gobierno es capaz de someterse a una humillación semejante con tal de mantener el poder, nada tiene de extraño que la Justicia de la Unión Europea decida que si España no se respeta a sí misma tampoco tiene por qué hacerlo ella. Si el PSOE ha negociado la investidura con ERC, e incluso se ha sentado directamente en la mesa con Josep María Jové, imputado por ser el cerebro del procés, carecería de sentido que fuera el Parlamento europeo el que impidiera que Carles Puigdemont y Junqueras, socios en la sedición, adquieran la condición de eurodiputados.

La decisión de Pedro Sánchez de convertirse en presidente sometiéndose al chantaje de quienes no renuncian a alzarse de nuevo para declarar la secesión unilateral y garantizan incluso que lo volverán a hacer si el Gobierno no accede a celebrar un referendo de independencia, no solo constituye un baldón histórico que el PSOE arrastrará durante muchos años, sino que lesiona gravemente el prestigio de España en Europa y en el mundo, contribuye a reforzar el falso relato victimista del independentismo y menoscaba además la autoridad de la Justicia española. El mismo Sánchez que provocó un escándalo en plena campaña electoral al presumir de que la Fiscalía actúa a las órdenes del Gobierno pretende hacer creer ahora que él no ha tenido nada que ver en la posición sostenida por la Abogacía del Estado, que sí depende directamente del Ejecutivo, y que será la que permita finalmente que ERC del el plácet a su investidura.

El líder del PSOE es perfectamente consciente del daño que causa a la democracia y al modelo constitucional el que vaya a ser presidente gracias a los votos de ERC y tras negociar incluso con EH Bildu, que no condena los crímenes de ETA. Solo así se explican sus prisas para ser investido en plenas fiestas navideñas, para pasar ese trago vergonzante mientras los españoles están de vacaciones y más pendientes de su familia y del turrón que de otra cosa. Pero el problema no es el futuro político de Sánchez, previsiblemente efímero. Lo grave es la herencia que lega al PSOE y a España, y el mensaje que envía a los independentistas. Cuanto más desafíen al Estado y más pisoteen la Constitución, más cesiones conseguirán y más influirán en la política española.

Comentarios

Una investidura que España paga cara