Portugal corta la soga del copago de la Troika

OPINIÓN

06 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Se abolirán las tasas sanitarias que fueron impuestas por la Troika en 2012. El nuevo gobierno de António Costa incluirá en sus primeros Presupuestos la eliminación progresiva del copago en la atención primaria en 2020. Y 2023 será el límite para el resto de las tasas en el Sistema Nacional de Salud. En 2012 la Troika -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional- impuso medidas económicas devastadoras. Una de las que más salvajemente golpeó a la población fue la implantación de un copago generalizado en la sanidad pública.

La Troika, a través de sus hombres de negro instalados en Lisboa, implantó el copago en todos los servicios sanitarios, por lo que los portugueses tienen que pagar 5 euros por cada consulta en el centro de salud, 10 euros por acudir al especialista, y entre 20 y 50 euros por la atención en Urgencias. Ante la movilización popular el gobierno conservador de Coelho tuvo que suprimir las tasas para los sectores más gravemente dañados como los enfermos crónicos, los niños menores de 12 años de edad, las embarazadas y parturientas, y las familias con ingresos inferiores a los 628 euros mensuales. Posteriormente se añadió a las personas con una incapacidad superior al 60%, los enfermos trasplantados, los donantes de sangre, tejidos y órganos, los bomberos, los refugiados y solicitantes de asilo, y las mujeres que se fueran a someter a un aborto.

A pesar del cambio de gobierno con las elecciones de 2015 y que el nuevo gobierno -el primero de Costa apoyado parlamentariamente por el Bloque de Izquierda y el PCP- tomara algunas medidas progresistas contra el saqueo impuesto por la Troika y en defensa de los intereses populares, el copago no fue eliminado. De hecho no fue hasta el pasado 14 de junio que el anterior Parlamento portugués aprobó la supresión del copago sanitario excepto en las urgencias de los hospitales. El proyecto de ley fue elaborado por el Bloque de Izquierda pero contó con el apoyo de todos los partidos excepto el derechista CDS-PP. Su aprobación definitiva y entrada en vigor, acordada para 2020, se vio abortada por la convocatoria de las elecciones del pasado octubre.