Es verdad que, con alguna variación de intensidad según las comunidades autónomas, también en esto se nota la diversidad, los españoles tendemos a ser vocingleros y apasionados en las discusiones, pero sorprende más que lo sean quienes tienen responsabilidades públicas. Por otra parte, en todo son necesarios los límites. Que una discusión de chigre acabe a bofetadas es desagradable, pero suele provocar daños limitados, si ese comportamiento se extiende a gobiernos, jueces, militares, periodistas y diputados el riesgo de que sean graves aumenta considerablemente.
El conflicto catalán está absolutamente desquiciado y contamina toda la actividad política, pero parece que son muchos los que disfrutan con ello. Es indiscutible que el gobierno de la Generalitat y el parlamento catalán violaron las leyes y se extralimitaron en sus funciones en 2017, pero también que ni quisieron provocar un enfrentamiento violento con el Estado, no hicieron ademán de utilizar a los mossos de escuadra o a parte de ellos, ni pretendieron tomar el poder y proclamar efectivamente la independencia, todavía estos días se recordaba que ni siquiera arriaron la bandera española del palacio de la Generalitat. Tampoco hubo ninguna resistencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente suspensión de la autonomía.
Su actuación, cuando los independentistas ni siquiera habían logrado la mayoría de votos en las elecciones autonómicas, fue impolítica e ilegal, exagerada y sobreactuada. Ellos mismos sabían que tendría consecuencias penales, por eso Puigdemont y otros dirigentes se fueron al extranjero, lo que quizá no calcularon es que la exageración se contagiaría y que lloverían acusaciones absurdas de golpe de estado y rebelión. En cualquier caso, el mayor problema no reside en la irresponsabilidad de los dirigentes, sino en que millones de catalanes, casi la mitad de la población, aunque pueda no simpatizar con ellos, sí cree que existen agravios, motivos de descontento, que justificarían la reivindicación de la independencia y los vota como rechazo a lo que perciben como una agresión desde el resto de España. Eso es lo que importa y no se va a arreglar a voces, ni con insultos o amenazas.
El gobierno de coalición de izquierda presidido por Pedro Sánchez es el único posible tras dos elecciones generales y que llegue al poder con la abstención, no con el apoyo, eso hubiera sido el voto favorable, de Esquerra Republicana, conseguida con un pacto en el que no se anuncia nada ilegal, puede ser legítimamente rechazado por quienes tienen ideas políticas distintas o consideran que se debe aislar radicalmente a los independentistas, pero es una exageración terriblemente peligrosa presentarlo como una traición a España, a la Constitución o a la convivencia. Puro histrionismo fue lo que las derechas demostraron con Bildu, que tampoco votará a este gobierno y con quien no ha habido pacto alguno. Ni que fuera la primera vez que los abertzales vascos intervienen en las Cortes o en cualquier otro parlamento, ni que el PP, con Abascal dentro, no hubiera pactado nunca con ellos, cosa que, insisto, ahora no sucede.
Es cierto que hay motivos para dudar de Pedro Sánchez, él lo ha provocado con el abuso de afirmaciones rotundas de las que ha debido desdecirse al poco tiempo, y es lógico que la oposición lo pusiese de manifiesto. Quizá en su caso se muestre de forma algo exagerada lo que no deja de ser un rasgo desgraciadamente normal de la política española, del que muy pocos se salvan, pero dirige al partido más votado y tiene mayoría relativa en las Cortes, que gobierne y se le juzgue por sus actos, no por una atribución de intenciones.
Estuvo mejor la izquierda en el debate. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, tuvieron relativamente fácil responder a la desmesura de sus rivales y llegaron a ser brillantes. Es indudable que las derechas han ido a remolque desde 1977, tanto en la aprobación de la Constitución como en reformas que luego han usado profusamente, como bien le recordó Sánchez a Maroto. No deja de ser una ventaja, no solo en el debate, sino también porque su exageración le suena a eso a la mayor parte de la ciudadanía. Recuerdo cuando esa derecha, de origen franquista, precisaba a los comunistas para coger pedigrí democrático. Desde que Fraga presentó a Carrillo en el club Siglo XXI, todos querían su foto con él, que también necesitaba que se le dejase de ver como la encarnación de Satanás. Hubiera sido mucho más difícil consolidar la democracia sin esos gestos, hoy parece que el objetivo es destrozarla.
Comparar a la coalición del PSOE y Unidas Podemos con el Frente Popular es, más que una exageración, una estupidez. Cabría recordar que aquél fue una coalición electoral, cosa que ahora no ha existido, y que en el gobierno que se formó en 1936 no estaban ni el PSOE ni el PCE. Si la comparación se quiere extender a la situación política, más que una estupidez, se estaría cometiendo un crimen solo por la posibilidad de que alguien llegara a creérselo
Lo mejor que puede pasar es que Pedro Sánchez saque adelante la investidura, que el nuevo gobierno logre poner en marcha políticas progresistas y derogar o reformar lo peor de la herencia de Rajoy y que encuentre con el diálogo una vía para normalizar la situación en Cataluña. Eso y que las derechas que se consideran constitucionalistas y no herederas del franquismo descubran las virtudes de la tila y las ventajas de hablar en vez de vocear.