Pedro Sánchez ha iniciado su mandato repartiendo cal y arena. Sus primeras decisiones -la formación de Gobierno, la designación de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado y la subida de las pensiones un 0,9 %- señalan el rumbo que desea imprimir a la acción de gobierno. Indican también cómo pretende pertrecharse para la guerra sin cuartel que presumiblemente se avecina, declarada por una oposición dispuesta a tumbar a un Gobierno compuesto -palabra de Casado- por «independentistas, comunistas y batasunos».
Sánchez repartió 22 carteras ministeriales. En toda la Unión Europea solo en Suecia, donde gobiernan socialdemócratas y verdes, existen tantos ministros. La decisión tiene un coste, pero no me refiero al coste económico que se esgrime demagógicamente, sino al coste político. Ni el ciudadano entiende la proliferación de carteras, ni el Gobierno ganará en eficacia, y mucho menos en coordinación, con esa estructura minifundista.
¿Por qué lo hizo entonces Pedro Sánchez? Por una razón obvia: considera que el beneficio supera al coste. Consigue diluir el peso de Unidas Podemos, que acepta lo que en su día rechazó: cargos de segundo nivel, aunque ahora elevados de rango. Las secretarías de Estado de Igualdad, Empleo y Universidades, desgajadas de sus respectivos departamentos, y la Dirección General de Consumo, escindida de Sanidad, se transforman en ministerios rutilantes. Pablo Iglesias se contenta con los galones de vicealmirante, que le permiten visibilizar y rentabilizar su presencia en el Gobierno. Y Sánchez no solo retiene las 17 carteras de que disponía, levemente aligeradas de peso, sino que controla todas las políticas troncales y ofrece la imagen tranquilizadora de un Gobierno socialdemócrata, europeísta y moderado.
Lo del nombramiento de Dolores Delgado lo comprendo menos. No me escandaliza y es perfectamente legal, pero feo. Antiestético. Eso sí: ni agresión a la independencia judicial ni zarandajas. Todos los gobiernos han designado fiscales generales de su cuerda, porque tienen esa potestad, y todos encajaron críticas por ello. Aznar nombró a Jesús Cardenal para, en palabras del socialista Caldera, «tapar la corrupción del PP». Rajoy designó a José Manuel Maza, lo que suponía, según el PSOE, «subordinar el ministerio fiscal al Gobierno». ¿Por qué Sánchez no buscó un Maza o un Cardenal entre sus filas, alguien sin el ex de ministra en la espalda, pero no menos prestigioso ni menos leal que Dolores Delgado? Si lo buscó, no lo halló. Y acabó por facilitar munición, gratuitamente, a sus adversarios.
El flamante y amplio Consejo de Ministros inauguró ayer su programa de coalición con la revalorización de las pensiones. Con esa decisión, el Gobierno delimitó el campo de juego donde confía en hacerse fuerte: el de las políticas sociales. La oposición prefiere disputar el partido en otra cancha más propicia, donde espera romperle las piernas a Sánchez: Cataluña. El asunto bien merece una reflexión que, con permiso del director, aplazo hasta mañana.