Torra admite que si es condenado por el Supremo Cataluña irá a elecciones

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

OPINIÓN

David Zorrakino | Europa Press

Después de que Sánchez lo avalara como interlocutor, reafirma su desafío a la Justicia

16 ene 2020 . Actualizado a las 08:44 h.

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ratificara como interlocutor válido y presidente de la Generalitat pese a estar inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central, Joaquim Torra redobló el miércoles su desafío y aseguró que no acatará una sentencia del Tribunal Supremo que ratifique la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo inhabilita como diputado. Torra puso, sin embargo, toda la presión sobre ERC al advertir de que solo aceptaría su inhabilitación si el Parlamento catalán, presidido por el republicano Roger Torrent, acata la sentencia. Y admitió por primera vez que si eso se produce «habría elecciones».

No quiere un sustituto de JxCat

«Si el Parlament llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y se convocarían elecciones», señaló Torra. Los artículos seis y siete de la ley de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno autonómico establecen que si el presidente es destituido será el vicepresidente quien le sustituya. Es decir, que sería Pere Aragonès, de ERC, quien asumiría el cargo en funciones. Si en dos meses nadie consigue ser investido, se convocarían elecciones. Aunque Torra fue enigmático y afirmó que hay «muchos posibles supuestos», de sus palabras se deduce que no contempla la posibilidad de que ningún otro miembro de Junts per Catalunya lo sustituya en la presidencia de la Generalitat antes de que se llame a las urnas.

En todo caso, la previsión de la Generalitat es que la posible inhabilitación de Torra como presidente no se resuelva de inmediato, sino en un plazo que podría durar meses, utilizando para ello todos los recursos legales. La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, explicó que la Generalitat prepara ya un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC, para lo que tiene de plazo hasta 3 de marzo. Solo cuando el alto tribunal decida sobe ese recurso la sentencia podría considerarse firme. Entonces, el Supremo transmitirá al TSJC la orden de cumplimiento del fallo. Y este tribunal, a su vez, dictaría las instrucciones al Parlamento catalán para que las ejecute. En ese punto es en el que Torra tiene previsto exigir a la Cámara autonómica que «se posicione». Aunque el Parlamento catalán ya ha votado en el pleno, con el apoyo incluso del PSC, reafirmándolo como diputado y como presidente de la Generalitat, un pronunciamiento futuro de la Cámara favorable a acatar la sentencia le permitiría eludir su desobediencia al Supremo presentándola como un simple acatamiento de lo que decida el Parlamento catalán.

ERC entiende la amenaza de elecciones como un intento de presión por parte de Torra. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo que sería «curioso» que adelantara los comicios teniendo asegurada la aprobación de los Presupuestos. «Es una potestad del presidente y si al final lo decide, que ponga día y hora», concluyó.

Urkullu eleva la presión y pide acercar a los presos de ETA

El Gobierno vasco está dispuesto a redoblar la presión y aumentar la lista de exigencias al Gobierno que Pedro Sánchez ha aceptado ya en la negociación con el PNV a cambio de su apoyo a la investidura. El Ejecutivo presidido por el lendakari Íñigo Urkullu va a presentar al Gobierno una propuesta «actualizada» en materia penitenciaria que implicaría el traslado de 210 presos de la banda terrorista ETA a cárceles próximas al País Vasco. El secretario general de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández, explicó esa propuesta y señaló que para llevarla a cabo ya no sería ni siquiera necesario que los presos den «pasos hacia la resocialización» como condición indispensable para a su acercamiento. El «cambio de concepto» destinado a «reorientar la política penitenciaria» implicaría, al revés, que para llegar a la resocialización del recluso «este debe estar cerca» del País Vasco.

En este momento hay unos 210 presos de la banda cumpliendo condenas en cárceles que no están en el País Vasco. Y, según el Gobierno de Vitoria, «desde el punto de vista material es posible» que sean trasladados a las prisiones de Martutene (Guipúzcoa), Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya), Pamplona (Navarra), El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos. En todo caso, Fernández señaló que esto «no debe ser contemplado como un premio» a los reclusos sino como una forma de «hacer justicia a sus familiares y evitarles un sufrimiento que no deben de pasar».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, criticó el anuncio y acusó al Gobierno Vasco de «ceder ante las pretensiones del Colectivo de Presos de ETA (EPPK) en materia de política penitenciaria». Y también el PP rechazó de plano la propuesta. Su portavoz en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, pidió a Pedro Sánchez que actúe con responsabilidad y no «ofenda» a las víctimas del terrorismo. Criticó que el primer contacto del Gobierno autonómico con el nuevo Ejecutivo central sea para «interceder y pedir favores para Bildu y el colectivo de presos de ETA».