Justicia maltratada
OPINIÓN
Creer que basta con aprobar una ley para solucionar un problema es un error común. La ley es el instrumento necesario, pero es imprescindible aplicarla de manera adecuada. La Constitución española y las leyes que la desarrollan han configurado un sistema institucional que, como corresponde a una sociedad democrática, encuentra en la independencia judicial uno de sus pilares fundamentales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se creó precisamente para reforzar esa independencia, alejando a los otros dos poderes de las funciones de gobierno interno de los jueces. También es propio de una sociedad democrática un sistema judicial en el que el juez no sea al mismo tiempo parte. De ahí que se encomiende a un órgano distinto (el Ministerio Fiscal) la tarea de acusar a aquellos ciudadanos que considere que han cometido un delito. El fiscal acusa y el juez condena o absuelve. Si el Ministerio Fiscal no es imparcial, obviamente, su credibilidad se hunde.
El sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ es imperfecto y desde AJFV hemos reclamado reiteradamente su modificación. Tampoco es perfecto el estatuto del Ministerio Fiscal, pero en ambos casos los inconvenientes de un defectuoso diseño legal se han multiplicado por una práctica política irresponsable.
El CGPJ se mantiene en una situación de interinidad desde hace un año porque los partidos políticos, sea por cálculo electoral o por un intento de retener cuotas de poder, han desdeñado el mandato constitucional de renovarlo. Lo peor es la imagen que se transmite de que el CGPJ es un órgano dominado por los partidos, dañando de rebote la percepción de la ciudadanía sobre la independencia judicial.
De igual modo, al proponer el Gobierno como fiscala general del Estado a Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia, se traslada a los ciudadanos el mensaje de que la Fiscalía General actuará a las órdenes de este Gobierno, destruyendo así la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Por si fuera poco, desde el ámbito de la política y por intereses particulares, se intenta manipular a la opinión pública para hacer creer que los jueces estamos interviniendo en la confrontación entre partidos. Es al contrario: exigimos que no nos involucren.
La consecuencia final de todo ello es la pérdida de credibilidad del sistema judicial y, con él, de todas las instituciones democráticas, como nos han advertido desde el Consejo de Europa. Las leyes deficientes se pueden mejorar, pero es más difícil librarnos de los políticos irresponsables.