Desde la AEGE entendemos que el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta del Gobierno al frente de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es una buena noticia que reconoce el fuerte reto de transformación energética e industrial que tenemos como sociedad. Un proceso en el que la industria juega un papel clave que requiere de unas políticas -energética e industrial- coordinadas. Esta transición supone para los electrointensivos seguir trabajando en la mejora de la eficiencia energética, reducción de emisiones e integración de las renovables. Nuestras empresas continuarán optimizando sus procesos industriales e invirtiendo en innovación y digitalización. Avanzar hacia una economía descarbonizada supondrá fuertes inversiones que precisarán de materiales básicos que nosotros producimos, y también hacerlo en nuevas tecnologías como el secuestro de carbono, almacenamiento de energía o hidrógeno.
Nuestra contribución es fundamental para el desarrollo de estos planes. Entendemos la oportunidad que representa para España y queremos seguir produciendo aquí y no vernos desplazados por otros competidores con mayor apoyo de sus legisladores o con menores exigencias medioambientales. Pagamos la electricidad mucho más cara que ellos (20-25 €/MWh según estudio Monitor Deloitte), lo que nos genera una pérdida de competitividad a pesar del esfuerzo realizado para alcanzar alta eficiencia en sus procesos. Nuestra competitividad está comprometida por ese diferencial en la factura eléctrica; somos extremadamente sensibles al precio eléctrico que supone entre el 10 y el 50 % de los costes de producción. No hablamos de un input más, hablamos de un input vital que marca la viabilidad o no de nuestra actividad.
Además, el patrón de consumo eléctrico de nuestras industrias favorece la integración de las energías renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé para esta década la integración de grandes contingentes de energías renovables no gestionables que, junto al cierre de parte del parque de generación térmica, hará indispensable la contribución de la industria electrointensiva que, con su gestión de la demanda, aportará la flexibilidad necesaria para lograr el éxito de esa integración. La retribución al servicio de interrumpibilidad reducía en parte el aludido diferencial de precio eléctrico (20-25 €/MWh) pero es tan mínima para el 2020 que urge aún más la aprobación del estatuto de consumidores electrointensivos, con medidas como las que ya disfrutan nuestros competidores europeos.
El RD 20/2018 de medidas urgentes para mejorar la competitividad de la industria reconocía que soportamos un coste eléctrico más caro que el de sus competidores europeos mermando nuestra competitividad. Para solventarlo, el real decreto daba un mandato al Gobierno para elaborar en 6 meses el estatuto de consumidores electrointensivos. Creemos que el estatuto debe incluir medidas como la compensación de los cargos de financiación de las energías renovables y la cogeneración de alta eficiencia, exención de peajes de transporte, promoción de contratos PPAs (contratos a largo plazo) con renovable a precios competitivos y con garantías del Estado, etcétera, además de la compensación del CO2 indirecto autorizada por la Comisión Europea.
La situación se agrava cada día, más con una retribución mínima a la interrumpibilidad, y las plantas de algunos de nuestros asociados están en un momento crítico.
Confíanos en que el Gobierno apruebe pronto un estatuto para industrias verdaderamente electrointensivas que logre disminuir el diferencial de precio eléctrico que sufrimos, con un precio eléctrico competitivo y predecible que nos permita mantener y reforzar inversiones, promoviendo actividad y empleo, y que dé certidumbre y seguridad jurídica a una industria que es motor de la economía española.
Hemos escuchado con esperanza a la nueva vicepresidenta cuando expresaba su compromiso con la España que quiere tener oportunidades. Pedimos algo simple, trabajemos juntos para lograrlo.