Cada vez son menos y se resisten a morir. Son los últimos de Filipinas del campo o, por utilizar la descarnada imagen utilizada por Barreiro Rivas, los Irmandiños de la era global. El ejército de 2,7 millones de agricultores con que contaba España en 1976 se ha reducido un 70 %. Las bajas y deserciones todavía fueron más cuantiosas en Galicia: solo quedan doce de cada cien efectivos de entonces. Doce que valen por doscientos: la producción agrícola y ganadera se ha duplicado con creces en los últimos cuarenta años. Triste paradoja de la agricultura productivista y global: cuanto más produce, cuantas más bocas alimente, menos brazos necesita.
Los agricultores -los que van quedando de la enorme hemorragia- salen de nuevo a protestar a la calle. Exigen un precio justo para sus productos, que compense el encarecimiento de sus insumos. Muchas explotaciones, estrujadas por la tenaza de precios estancados o menguantes y costes crecientes o disparados, ya no son rentables. El mercado las aboca al cierre, a menos que los poderes públicos acudan de nuevo en su socorro. Y cuando digo poderes públicos, no nos engañemos, quiero decir los contribuyentes. O, alternativamente, los consumidores, que grosso modo vienen a ser los mismos contribuyentes.
Los agricultores se quejan de los bajos precios de sus productos. Y de constituir el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Cierto que un kilo de naranjas que venden por 17 o 20 céntimos le cuesta al consumidor 1,50 euros. Pero de ahí a culpabilizar al sector de la distribución, que también lidia con sus precios y sus costes, dista un trecho. Los precios en origen los dicta el mercado y, si me apuran, los mercados internacionales. Y han sido los poderes públicos, y más en concreto el proteccionismo de la UE, los que han evitado que los precios se desplomasen aún más.
Digámoslo todo. La renta media del sector primario alcanza el 71 % de la industria y los servicios. De no contabilizar las ayudas arbitradas por la Política Agraria Común (PAC), la renta media caería al 48 %. Tradicionalmente fue la Unión Europea, con su intervención en los mercados, establecimiento de precios de garantía, compras masivas de productos, protección de fronteras, cuotas de producción, subvenciones y ayudas, la que sostuvo los precios agrarios. Todavía hoy, las dos terceras partes del presupuesto comunitario se destinan al gasto agrícola. Y ahí reside precisamente la mala noticia para la agricultura en particular y para España en general. La Unión Europea prevé un drástico recorte presupuestario para el período 2021-2027, con dos víctimas propiciatorias: los fondos de cohesión y los fondos agrícolas. Una mala noticia para la España vacía.
Y ahí está el drama. Europa, que hizo de la agricultura su primera política común, no puede abandonar el sector primario a la suerte del mercado global. Entre otras razones, para evitar la despoblación y desertización de su medio rural. Si no necesitamos más agricultores, sí necesitamos jardineros que eviten la desertización del campo.