Cuando Podemos irrumpió en la escena política, cualquiera que no hubiera sido víctima de la crisis resultaba sospechoso. Sospechoso el que había conservado un trabajo fijo, y sospechoso el que tenía una vivienda digna. Porque los morados llegaban impulsados por aquel movimiento del 15-M que protestaba contra las miserias en las que el estallido de la burbuja del ladrillo había dejado inmersos a cientos de miles de españoles.
En el marco de ese movimiento, una de las grandes promesas del partido de Pablo Iglesias fue que cuando llegasen a desempeñar cargos públicos limitarían los salarios a un máximo de tres veces el SMI, en lo que para ellos era un ejercicio de honestidad frente las corruptelas que, día sí, día también, se hacían públicas. Y así lo hicieron diputados y cargos municipales.
Ahora ha llegado la hora en la que el partido de Iglesias pone sobre la mesa el fin de la que fue una de sus primeras banderas. No hay nada grave en que ministros y otros cargos públicos tengan unos ingresos superiores al salario medio español, se supone que la responsabilidad que asumen les hace merecedores de una retribución digna. Lo grave es que solo tras el volantazo de Podemos vuelve a constatarse que todo había sido un ejercicio de hipocresía. Un cargo público no es ni más honesto ni más eficiente por cobrar menos, como querían hacer creer. Para nada. Rebajar los sueldos públicos solo sirve -salvo en excepcionales casos vocacionales- para espantar lejos de las responsabilidades públicas a los más competentes, a aquellos con capacidad para salir al mercado y encontrar un trabajo mejor.
Todo ha sido simple y pura demagogia, que ahora no pueden seguir sosteniendo. Puestos a ser demagogos, la pena es que esta nueva izquierda no lo haya sido de verdad. Demagogos para, en lugar de aspirar a rebajar los salarios públicos, soñar con dar soluciones para que todas las familias españolas se pudiesen pagar chalés de 600.000 euros. ¿O no?