La obsesión securitaria del Gobierno municipal de Oviedo


Redacción

Vivimos tiempos en los que intentar sobresalir entre la multitud y exhibir alguna clase de aspecto distintivo, comúnmente tenido por deseado, se ha convertido en pauta habitual, casi imperativo de la moralidad posmoderna. En la dinámica competitiva permanente, se busca subrayar aquellas fortalezas, donde se tiene una ventaja frente al resto, para atraer atención, actividad y aprovechar las oportunidades asociadas.

En el contexto de incertidumbre permanente, donde abunda la sensación de inseguridad, más inducida que real cuando de una visión estrecha del concepto se trata, resulta que, Oviedo, una pequeña ciudad en la periferia de España, con pocas posibilidades de competir en otros campos, tiene, entre sus principales activos, un entorno seguro con el que destacar y captar iniciativas. En efecto, si revisamos el Balance de Criminalidad que publica el Ministerio del Interior, de entre las 63 ciudades españolas que tienen una población superior a 100.000 habitantes, Oviedo es la tercera con una tasa de criminalidad más baja. En 2018, último año con datos ya consolidados, 29,62 delitos por cada mil habitantes (ningún homicidio doloso o asesinato consumado), de los cuáles los delitos más frecuentes son hurtos y delitos cuyo impacto en la percepción pública sobre la seguridad es menor. No es una situación novedosa o puntual sino una constante en el tiempo cercano, porque Oviedo, como el conjunto de Asturias, suele aparecer entre los lugares con menor criminalidad, en un país que, pese a ideas preconcebidas y distorsiones alentadas por el populismo punitivo, es de los más seguros del mundo: número 15 en la lista publicada por el Instituto Legatum de Londres en cuanto a seguridad, número 23 en el Índice Global de la Paz del Institute for Economics and Peace y el segundo con menos homicidios de Europa, después de Austria.

La percepción de seguridad es, no obstante, frágil, y es sencillo que acontecimientos más o menos aislados generen rápidamente preocupación ciudadana. Un caldo de cultivo éste, en época de desconfianzas, medias verdades y temores, para que corra como la pólvora cualquier mensaje que engendre congoja y ofrezca, frente a la aprehensión, la promesa de la protección; a cambio, casi siempre, de la renuncia a espacios de libertad, la mansa aceptación de la vigilancia masiva y la rediviva catalogación predelictual de determinadas conductas y grupos.

Siguiendo ese patrón regresivo, el Gobierno municipal de Oviedo se ha dedicado, desde el inicio del mandato, a recalcar la necesidad de adoptar medidas dirigidas a atajar una criminalidad que, sin embargo, es aquí testimonial, por mucho que nos puedan intranquilizar determinados episodios. Si uno repasa las declaraciones de los responsables públicos locales de los últimos meses, asistirá a continuos anuncios que parecen diseñados para una realidad bien distinta, menoscabando la reputación de la ciudad y sumando inquietud cada vez que un suceso puntual acontece. Si vemos el despliegue municipal de propuestas en la materia, veremos que convertir el casco Antiguo en un área videovigilada parece la mejor opción que tienen a mano para afrontar los problemas de esta zona, zambulléndose en la dinámica de sospecha y supervisión permanente de toda persona que por allí deambule, con el consabido veneno discursivo del «nada tienen de que molestarse si nada malo hacen». Si contemplamos la afición por intervenciones policiales contra el botellón, comprobaremos que importa más la espectacularidad deliberadamente perseguida que la dispersión del fenómeno o las pautas y alternativas de ocio disponibles. Y, para culminar la exhibición de mano dura, y de manera mucho más grave, tenemos la adquisición anunciada de pistolas táser para utilizar en intervenciones policiales. Decisión que se adopta pese a las voces autorizadas que advierten sobre la utilización de estos dispositivos por fuerzas de seguridad locales (con un papel complementario de los cuerpos estatales y autonómicos en materia de seguridad ciudadana y con menos formación y controles en la materia). Como Amnistía Internacional (AI) ha señalado, en países donde el uso de armas de este tipo se ha extendido, en la práctica rara vez se usan como alternativa a las armas de fuego, y sí a menudo en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones, aumentando sustancialmente la posibilidad de que el resultado de la actuación policial provoque daños no previstos. Su uso en casos como los que el propio Gobierno municipal ha señalado como ejemplo, tales como intervenciones para reducir a personas en situación violenta por consumos excesivos de alcohol o drogas o en situaciones de extrema excitación, es altamente desaconsejable, con resultados que pueden ser fatales. Como AI remarca, la experiencia de uso de estas armas ha demostrado que las personas que se encuentran en ese estado de ánimo pueden no comprender correctamente la importancia de un aviso previo acerca de que dicha arma será utilizada e incluso podrían mostrarse más nerviosas ante una situación de este tipo. Además, existe una amplia bibliografía médica sobre la interacción de tales estados con el uso de las armas eléctricas y AI tiene documentados varios casos de muerte de personas tras recibir descargas de Táser, cuyas causas han sido vinculadas a la condición conocida como «delirio con excitación» en ocasiones en asociación con el uso de estupefacientes. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, de hecho, se ha mostrado «consternado por el número de muertes ocurridas supuestamente como consecuencia del uso de armas de descarga eléctrica» en Estados Unidos, país donde su uso está extendido.

A todos nos desasosiega que conductas incívicas o directamente delictivas perjudiquen la convivencia o causen perjuicio a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Pero también debería inquietarnos que triunfen las reacciones sobredimensionadas y la minusvaloración de derechos y libertades básicos. O que el Gobierno local, en lugar de poner en valor los estándares de seguridad que disfrutamos, se dedique a generar recelo con medidas fuera de escala y de eficacia dudosa. Oviedo ya era una ciudad antes de su llegada al poder. Añadir contorsiones y aspavientos securitarios innecesarios genera más alarma que la que pretende calmar.

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