Iglesias y la casa de los errores


Vamos a ver: un señor (o una señora) que es líder de un partido con millones de votos no es un outsider de la política. Si ese mismo señor (o señora) es vicepresidente del Gobierno es porque goza de la confianza del jefe del Ejecutivo y se supone que trabajan juntos en las tareas de la gobernación, trátese de asuntos muy públicos o de asuntos muy reservados. Les une un programa, un acuerdo firmado y una identidad de metas, aunque haya por medio las tensiones propias de cada matrimonio, sea de amor o de conveniencia. Ese vicepresidente del que hablo se llama Pablo Iglesias. No existen razones políticas que se puedan alegar para objetar su presencia en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Es decir, que puede decidir las actuaciones del CNI y seguir su cumplimiento. Tiene conocimiento y voz de cada una.

¿Qué es lo que empaña su nombramiento, efectuado, como dice Pablo Casado, de forma «poco decorosa»? ¿Solo que el señor Iglesias es de Podemos y, por tanto, un peligroso ingrediente en esa comisión, dada su falta de entusiasmo constitucional? ¿Quizá su obsesión por hurgar en las cloacas del Estado, algunas de las cuales desembocan en el CNI? Puede ser, pero no. Lo que empaña la designación es el procedimiento. En pocos casos se han cometido tantos errores que demuestran improvisación, puro afán de complacer al designado y lo imperdonable en miembros de un gobierno: el alarmante desconocimiento de leyes que le afectan, como si los ministerios y la propia Moncloa careciesen de un servicio mínimo de documentación jurídica o de un cuerpo de asesores y abogados que tienen que ser permanentemente consultados.

Para empezar, el señor Iglesias fue designado de forma tan burda que Vox tuvo que recurrirlo ante los tribunales porque se modificaba la ley reguladora del CNI a través de un fraude legal: con un decreto, detalle que nadie vio en toda la Administración pública, salvo que hubiera voluntad expresa de cometer o tolerar ese fraude. Y para terminar, se arregla la desfeita con una disposición final del decreto-ley sobre las medidas contra el coronavirus. En el decreto-ley se habla de todo lo que sabemos sobre la emergencia sanitaria y, como pasaba por allí, se modifica la Ley Reguladora del CNI para hacerle un sitio a Pablo Iglesias. Incluyamos el episodio en la antología de los disparates administrativos y en el catálogo de asuntos que asombran al contribuyente. Con lo cual, la sentencia de parte de la opinión pública es la que corresponde: Iglesias tenía ganas de meter mano en el CNI y Sánchez tenía necesidad de complacerlo. Y se hizo un apaño. Este país será normal cuando sus gobernantes aprendan a respetar o, cuando menos, a modificar la ley.

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