Las grandes emergencias siempre provocan grandes declaraciones, pero si la retórica ampulosa no va acompañada de medidas realmente ambiciosas, de una apuesta decidida por trascender lo fallido, se quedará en un mero testimonio de lo que pudo ser y no fue; o peor aún: de lo que ya nunca será porque unos pocos pusieron sus intereses particulares por delante de las necesidades colectivas. La pandemia del COVID-19, una crisis planetaria sin precedentes en esta generación, es un problema sanitario, pero también un desafío socioeconómico que nos obliga a evaluar críticamente las grietas del régimen neoliberal en el que vivimos, y a pensar en fórmulas que nos permitan reforzar la democracia, redistribuir la riqueza y preparar a nuestra sociedad, y al conjunto de sus defensas, para afrontar con garantías una crisis de estas dimensiones.
Los efectos de la pandemia no solo ponen a prueba la capacidad de nuestro sistema sanitario para hacer frente al COVID-19 tras una década de salvajes recortes y privatizaciones, sino que nos interpelan como sociedad, y nos recuerdan que muchos sectores sociales se encuentran en una situación particularmente vulnerable, y que la gran mayoría de la población lleva años perdiendo derechos económicos y sociales. No es casual, de hecho, que las consecuencias económicas de la pandemia amenacen en especial a las mujeres, tal y como destacan Babiker y Raventós, académicos especializados en la renta básica, que recuerdan que son las mujeres, en una gran mayoría, las que tienen peores pensiones, mayores cargas familiares o mayor dependencia económica respecto de su pareja masculina, siendo por tanto las más beneficiadas de medidas de redistribución económica.
Para hacer frente al impacto social de la pandemia diversos países están reivindicando o adoptando distintas formas de lo que se ha denominado renta básica de emergencia, la cual permite al Gobierno en cuestión garantizar, al menos mientras dure la crisis, el derecho a un ingreso básico mensual para cada persona del país. Esta medida, adoptada ahora en el contexto de una excepción, ya venía recogida en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, bajo la forma de un ingreso mínimo vital para los sectores vulnerables, en la línea del salario social que ya existe en Asturies. Desde la declaración del estado de alarma el gobierno de coalición ha articulado amplias líneas de ayudas para sectores golpeados por esta emergencia. Sin embargo, siguen existiendo sectores grises que podrían quedar fuera del radar de estas ayudas. La amplitud de estos colectivos afectados requiere soluciones inmediatas y que tiendan a la universalidad e incondicionalidad, al menos temporalmente. Es necesario ampliar y simplificar el sistema de ayudas por parte del gobierno para asegurar que todas las personas que están en situación de desamparo o pérdida de ingresos a causa de la pandemia puedan acceder a una compensación de renta.
En este sentido, la idea de una renta básica que garantice el sustento económico de toda la población, sin excepciones, no es nueva, ni reciente, pero la pandemia ha hecho urgente su aplicación y varios países afectados de manera especialmente grave están implementando sistemas de renta básica de distinta naturaleza para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del virus. Hong-Kong, por ejemplo, ha puesto en marcha una iniciativa consistente en un pago único a todos sus ciudadanos de 10.000 dólares HK (alrededor de 1.140 euros) per cápita. Australia ha aprobado un pago único en efectivo de alrededor de 400 euros (750 dólares australianos) a personas mayores, veteranos y personas de bajos ingresos. Hasta un total de 20 países, en definitiva, han adoptado diversas medidas de transferencia de efectivo a sus ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. A nivel asturiano, contamos con modelos -no universales- como el salario social básico o la renta social de Gijón, impulsada por Podemos. Sin embargo, es necesario que quien solicita el salario social lo reciba de manera inmediata, sin lista de espera, y hay que extender a más concejos la renta social, cuyos beneficiarios reciben una tarjeta para compras en los 330 comercios asociados a la iniciativa (ropa, electrodomésticos y mobiliario básico, calzado, material odontológico, u oftalmológicos, informática, pañales, reparaciones básicas en la vivienda, etc…), reactivando el consumo y apoyando al comercio local.
Pero hay que ir más allá. En España, diversos académicos y dirigentes políticos y sociales están defendiendo una renta básica, una demanda que ha estado en el programa de Podemos Asturies desde nuestro nacimiento y en las resoluciones de Podemos a nivel estatal. La novedad es que el consenso para una renta de este tipo se ha ampliado. Desde el vicepresidente del BCE Luis de Guindos, al presidente de Cantabria y al vicepresidente de Catalunya, Miguel Ángel Revilla y Pere Aragonés, pasando por economistas progresistas como Daniel Raventós y Jordi Arcarons o el ex de Ciudadanos Toni Roldán.
Crecen, por tanto, las voces que solicitan medidas que señalan en la misma dirección: una transferencia directa de efectivo por parte del Gobierno a todos los residentes del país por medio de una asignación monetaria que permitiría garantizar la existencia material mientras durase la situación de emergencia. Se podría afrontar esta crisis con garantías para la sociedad estableciendo una renta básica de emergencia de 1.000 euros (equivalente aproximadamente al umbral de pobreza individual, que se define como el 50% de la renta per cápita de un territorio) para toda la población -preferentemente-, o condicionarla a aquellos colectivos más castigados (que hayan perdido momentáneamente su trabajo, no puedan acceder a él o sufran una reducción considerable de ingresos) durante un período que oscile entre los próximos 3 y 12 meses, y pudiendo contar con financiación de la Unión Europea para apoyar esta medida. Se otorgaría automáticamente a todas las personas que la solicitaran y si lo hicieran personas con alto nivel de rentas o sin merma de ingresos, podría, si así se decidiera, recuperarse esa cantidad en la próxima declaración del IRPF en 2021.
En el medio plazo, para convertir esta redistribución en estructural, sería necesario utilizar la recaudación del impuesto a las transacciones financieras, establecer una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca para recuperar los 60.613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. Finalmente, podría impulsarse una reforma del impuesto de patrimonio y del IRPF, que aumente la justicia fiscal para que quienes más tienen, paguen más. La renta básica universal, como derecho inalienable a un ingreso vital para el conjunto de la ciudadanía, forma parte de la necesaria reorganización igualitaria de nuestras sociedades. Las medidas que hoy aplican el Gobierno y muchos estados no son solo la respuesta coyuntural a la crisis, sino la constatación de que la inflexible tiranía de los mercados ha creado un mundo incierto, precario, vulnerable. Solo desde una apuesta decidida por la justicia social y la redistribución de la riqueza podremos garantizar una salida social a la crisis y sus consecuencias. Solo desde la solidaridad podremos salir adelante.