Renta básica de emergencia

Daniel Ripa

OPINIÓN

Pilar Canicoba

03 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Las grandes emergencias siempre provocan grandes declaraciones, pero si la retórica ampulosa no va acompañada de medidas realmente ambiciosas, de una apuesta decidida por trascender lo fallido, se quedará en un mero testimonio de lo que pudo ser y no fue; o peor aún: de lo que ya nunca será porque unos pocos pusieron sus intereses particulares por delante de las necesidades colectivas. La pandemia del COVID-19, una crisis planetaria sin precedentes en esta generación, es un problema sanitario, pero también un desafío socioeconómico que nos obliga a evaluar críticamente las grietas del régimen neoliberal en el que vivimos, y a pensar en fórmulas que nos permitan reforzar la democracia, redistribuir la riqueza y preparar a nuestra sociedad, y al conjunto de sus defensas, para afrontar con garantías una crisis de estas dimensiones. 

Los efectos de la pandemia no solo ponen a prueba la capacidad de nuestro sistema sanitario para hacer frente al COVID-19 tras una década de salvajes recortes y privatizaciones, sino que nos interpelan como sociedad, y nos recuerdan que muchos sectores sociales se encuentran en una situación particularmente vulnerable, y que la gran mayoría de la población lleva años perdiendo derechos económicos y sociales. No es casual, de hecho, que las consecuencias económicas de la pandemia amenacen en especial a las mujeres, tal y como destacan Babiker y Raventós, académicos especializados en la renta básica, que recuerdan que son las mujeres, en una gran mayoría, las que tienen peores pensiones, mayores cargas familiares o mayor dependencia económica respecto de su pareja masculina, siendo por tanto las más beneficiadas de medidas de redistribución económica.

Para hacer frente al impacto social de la pandemia diversos países están reivindicando o adoptando distintas formas de lo que se ha denominado renta básica de emergencia, la cual permite al Gobierno en cuestión garantizar, al menos mientras dure la crisis, el derecho a un ingreso básico mensual para cada persona del país. Esta medida, adoptada ahora en el contexto de una excepción, ya venía recogida en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, bajo la forma de un ingreso mínimo vital para los sectores vulnerables, en la línea del salario social que ya existe en Asturies. Desde la declaración del estado de alarma el gobierno de coalición ha articulado amplias líneas de ayudas para sectores golpeados por esta emergencia. Sin embargo, siguen existiendo sectores grises que podrían quedar fuera del radar de estas ayudas. La amplitud de estos colectivos afectados requiere soluciones inmediatas y que tiendan a la universalidad e incondicionalidad, al menos temporalmente. Es necesario ampliar y simplificar el sistema de ayudas por parte del gobierno para asegurar que todas las personas que están en situación de desamparo o pérdida de ingresos a causa de la pandemia puedan acceder a una compensación de renta.