Llevamos más de treinta días confinados. Un mes después de decretarse el Estado de Alarma el tono político ha ido calentándose pese a las llamadas al diálogo y al consenso en estos momentos difíciles. La crisis sanitaria sigue sin estar solucionada en todo el planeta (es preciso señalar que no en todos los territorios del Estado español la situación es la misma, que se tiende mucho a centralizar los problemas de la Comunidad de Madrid) y pese a que se intente retomar la actividad económica, sea teletrabajando o acudiendo físicamente al puesto de trabajo, las condiciones impuestas nos impiden hoy hacer nuestra labor al mismo ritmo que teníamos antes del confinamiento.
Hay dos decisiones tomadas esta semana que quisiera destacar. La primera, que el curso escolar finalizará el 30 de junio, y la segunda que a partir de mayo estará en marcha un compromiso de legislatura del PSOE y de Unidas Podemos imprescindible (aunque la derecha lo tilde despectivamente de ‘paguita’ o de compra de votos de la izquierda). El Ingreso Mínimo Vital es un nuevo derecho social para la unidad familiar (se calcula que llegará a tres millones de personas) y como siempre lo deseable sería que esa gente no tuviera que depender de estas ayudas (becas escolares, ayudas al alquiler, etcétera), pero el deber de lo público es que ningún ciudadano se quede atrás y pueda vivir lo más dignamente posible. Por tanto, es un nuevo avance social del que me siento muy contento que se vaya a implantar ya. En cuanto al curso escolar, me parece que se ha tomado la mejor decisión para que el alumnado no se vea afectado por el parón y me ha gustado que la evaluación final siempre sea para beneficiar al estudiante (que no quiere decir aprobado general).
Lamentablemente los llamados nuevos Pactos de La Moncloa parecen nacer muertos. El PP y Vox no han rebajado ni mucho menos la crispación y Casado no pudo ir ayer a reunirse con Pedro Sánchez y Abascal ya ha adelantado que ni descolgará el teléfono. Con este panorama puede provocar que las llamadas al acuerdo en ayuntamientos y en comunidades autónomas tampoco salgan adelante. En el contexto internacional seguimos viendo a líderes mundiales actuando bajo su criterio personal sin que el menor rigor científico ampare sus palabras. Eso se suma a que Trump ha visto en la OMS la máxima responsable de esta epidemia y Estados Unidos congelará el presupuesto que destina al organismo. En Europa algún acuerdo hay ya, pero no el de mancomunar la deuda (los llamados coronabonos), pese a que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que el conjunto de la UE debe pedir perdón a Italia por acudir tarde a su auxilio. Esperemos que ese arrepentimiento provoque de una vez que se necesita salir unidos, no cada país por su cuenta.
Lo que tampoco cesa, y sigue contribuyendo a la confusión, son los bulos. WhatsApp se ha visto obligada a no permitir más de un reenvío por grupo y el CIS ha reabierto el eterno debate entre la libertad de expresión y el derecho a la información (en este sentido me gusta la reflexión del portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch: «La Constitución no otorga derecho a mentir: protege el derecho a difundir información veraz. Rechazo toda forma de censura previa. Pero los calumniadores, los mentirosos y los acosadores no son paladines de la libertad, sino ejemplos de lo peor en una sociedad democrática»). Añado mi repulsa y mi total indignación con aquellas personas que se dedican en los portales a insultar y a amenazar a vecinas y vecinos que tienen la responsabilidad de trabajar para protegernos y para cuidarnos al resto. Menos crispación sea donde sea, más aplausos a quien se lo merece y pongamos todos de nuestra parte para que todo salga bien.