El Ministerio de Educación y algunas comunidades autónomas, entre ellas Asturias, han alcanzado un acuerdo para que «la promoción sea la regla general» en este final de curso. Un término edulcorante para proponer un aprobado general, encubierto.
Que los alumnos pasen generalizadamente de curso se convierte así en la nada disimulada consigna política de los responsables educativos, quienes, lejos de asegurar con sus decisiones el constitucional derecho a la educación, han escogido el camino más corto, que no conduce sino a la mediocridad, despreciando el esfuerzo y el mérito alcanzado por los alumnos.
Pero el intervencionismo sobre el profesorado no se ha detenido ahí, sino que se ha postulado expresamente «no avanzar materia y si se avanza, tener en cuenta sólo si su valoración es positiva para el alumno». Palabras carentes de respaldo legal y cuya finalidad sólo se explica para añadir presión al profesorado a fin de que levante la mano.
Para ello, no se ha dudado en señalar al profesorado como responsable último de la toma de decisiones para conseguir a cualquier precio ese fin prescrito, es decir, hacer pasar una instrucción política por una decisión del profesorado, que carece de soporte legal y que soslaya el obligado sometimiento de los funcionarios docentes a la normativa vigente.
Del discurso de nuestros irresponsables políticos, la sociedad, y especialmente las familias con niños en edad escolar, podrían extraer la equivocada conclusión de que los profesores tenemos patente de corso para poner las notas y decidir sobre la promoción o no de nuestros alumnos, según nuestro capricho.
Y nada más lejos de la realidad. En un Estado de Derecho no hay nadie por encima de la ley: ni siquiera las autoridades educativas. Sin el BOE y el BOPA no es posible hacer lo que pretenden, porque los docentes no van a saltarse la legislación vigente que determina las condiciones de evaluación, promoción y titulación en los distintos niveles educativos.
Las consignas políticas dictadas, «que ningún alumno se quede atrás», es decir, que nadie suspenda, y que «la promoción será la regla general», han puesto irresponsablemente en tela de juicio el trabajo realizado por alumnos y profesores en estos días de confinamiento, y el esfuerzo de los docentes para poner en marcha desde la nada plataformas de formación a distancia, por iniciativa propia, con una carga horaria excepcional, sin ningún tipo de financiación, poniendo recursos materiales (ordenadores, teléfonos, conexiones...) e intelectuales propios al servicio del sistema educativo, en un encomiable gesto de profesionalidad, compromiso y solidaridad.
ANPE está de acuerdo en que las circunstancias son excepcionales y que es necesario adaptarse: frente al aprobado generalizado para el alumnado, desde ANPE apostamos por una evaluación flexible, pero también rigurosa y objetiva, valorando el desempeño de los alumnos a lo largo de dos trimestres presenciales ya cursados, pero sin olvidar los contenidos y competencias que se han trabajado desde el inicio del estado de alarma y los que se trabajen en el tercer trimestre. En ningún caso, las decisiones de promoción casi generalizada de curso que se pretende pueden socavar el principio de autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado.
Además, es el momento de ir preparando el regreso a las aulas el próximo curso: diseñando programas de refuerzo para aquellos alumnos que hayan acabado peor el presente curso escolar, que tienen que venir acompañados por la reducción de ratios y la contratación de profesorado específico, así como abordar la digitalización total de los centros, profesorado y alumnado, evitando la brecha digital actualmente existente.