El pasado 28 de abril el Gobierno de España aprobó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad en el que describe las cuatro fases de lo que se ha venido en llamar «desescalada», los indicadores que se utilizarán para sustentar el paso de una fase a otra, las previsiones para el levantamiento de las limitaciones a toda clase de actividades y a la movilidad y un cronograma orientativo. El Plan, que no tiene carácter normativo sino que expresa la voluntad del Ejecutivo, y que en todo caso está accesible al público en la web de la Presidencia del Gobierno, sí pretende tener su concreción paulatina e imperativa en las sucesivas Órdenes, singularmente del Ministerio de Sanidad, mediante las que, bajo el amparo del estado de alarma, se vayan articulando, con participación de las Comunidades Autónomas, la retirada gradual de las restricciones. Colaboración institucional que, en términos de la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, es un «proceso de cogobernanza», otorgando la iniciativa a las Comunidades Autónomas para realizar sus propuestas sobre la transición de fases en los territorios (principalmente la provincia y la isla, aunque admita excepciones), reservando la decisión final al Ministro de Sanidad.
Sobre las fases, la complejidad del proceso, las posibles asimetrías territoriales y los requisitos para una u otra actividad, se ha suscitado un vivo debate, dada su capital importancia. Se ha cuestionado también el sustento legal del Plan e incluso la propia continuidad, proporcionalidad e idoneidad del estado de alarma. También han surgido presiones de toda índole desde los distintos sectores que desean acomodar el Plan a sus necesidades productivas y económicas, o que ponen de manifiesto la imposibilidad práctica de ponerse en funcionamiento si no se retoca esta o aquella limitación. Aunque debemos partir de la dificultad intrínseca de la toma de decisiones en este contexto y la necesidad de dar cierto margen de maniobra al Gobierno, cabe recordar que todos los debates son legítimos y necesarios democráticamente, y no debe extrañar que exista cierta contestación cuando las decisiones afectan a derechos particularmente sensibles (controversia entendible que es bien distinta del acoso y derribo al Gobierno, dicho sea de paso)
Una de esas materias que debería considerarse con especial atención es la continuación de la actividad educativa. Desde que se fueron suspendiendo las clases (en Asturias, el 12 de marzo) hasta la actualidad, perdiendo muchas semanas lectivas, se han modificado programaciones y evaluaciones, asumiendo con carácter general que no se progresa en la materia. Se ha tratado de implantar en este periodo, de la mejor manera posible, con el esfuerzo de los profesores y de las familias, un sistema de educación on-line que, sin embargo, solo puede alcanzar un efecto paliativo y que en modo alguno (ni en la ensoñación voluntarista en la que a veces se nos presenta como si fuese preferible) puede suplir a la educación presencial. El sindicato Comisiones Obreras ha realizado una encuesta entre 837 docentes de Asturias, de la que se desprende que un 31,5% de estudiantes no siguen con frecuencia la actividad a distancia y que incluso en un 13% de los casos no hay comunicación alguna posible con las familias, pese a los continuados intentos de los docentes por mantener el vínculo con el alumnado. Por su parte, Save the Children ha advertido del efecto devastador de la brecha digital en la actividad educativa en esta situación y su incidencia en la población más desfavorecida, recordando que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España, el 66% de los hogares españoles que no llegan a los 900 euros de ingresos al mes no tienen conexión a internet en casa. Lucas Gortázar, analista de educación del Banco Mundial, advierte del riesgo de desenganche del sistema escolar de los alumnos de secundaria, siendo precisamente el abandono escolar uno de los problemas más graves de nuestro sistema (17% en España, 12% en Asturias). Incluso, en el mejor de los casos, donde se alineen los astros para juntar a padres comprometidos, con recursos y bien organizados (lo que es tremendamente difícil, dados los reclamos del teletrabajo) con profesores dedicados en cuerpo y alma a la tarea educativa y con alumnos con hábito de estudio autónomo consolidado, el daño sigue siendo significativo, fruto de la pérdida prolongada de una referencia central en la vida de un menor (la escuela o el instituto), de la imposibilidad de avanzar en materia durante un periodo duradero y del efecto de una política que piensa, equivocadamente (y a veces como coartada de decisiones en su contra), que la capacidad adaptativa de los niños lo suple todo.
Cabe constatar amargamente que el Plan de levantamiento paulatino de restricciones a la actividad posterga la actividad educativa y lo hace de manera incoherente tanto en el enfoque como en lo que, hasta ahora, se ha concretado. En perspectiva y en conjunto, el Plan supone la legítima decisión política de, con los datos de evolución de la pandemia, adoptar riesgos colectivos que se pretende controlar, para evitar que los efectos sociales y económicos de esta crisis sean devastadores y al mismo tiempo tener resortes de reacción en función de la evolución sanitaria. En esta espinosa encrucijada, de asunción inevitable pero necesaria de riesgos, lo que se pretende es preservar otros bienes del efecto destructivo del confinamiento; pero entre ellos no se encuentra, de la manera debida, la educación. Por una parte, sólo se prevé en la Fase 2 del Plan una actividad asistencial para los niños hasta 6 años, vinculada a la conciliación de la vida familiar y laboral, y la presencia voluntaria a partir del 25 de mayo para las clases de 4º de secundaria, 2º de bachillerato, 2º de formación profesional y centros de educación especial, en grupos de 15 alumnos. La mayor parte de los alumnos quedan fuera de toda actividad presencial, y no se contempla ni una ampliación de la asistencia voluntaria a partir, por ejemplo, de las Fases 2 o 3, ni se introducen criterios territoriales que permitan una flexibilidad adicional. Es decir, podemos encontrarnos en un territorio en el que se avance rápidamente hacia la Fase 2 o la Fase 3 porque las circunstancias sanitarias lo permitan (pensemos en la propia realidad de Asturias, por no hablar en detalle de sus alas oriental y occidental, o de los 18 concejos donde no ha habido un solo caso de Covid-19), pero donde no habrá margen para la vuelta a una cierta enseñanza presencial para la gran mayoría de los alumnos, excluidos desde el inicio. Tampoco se contemplan posibilidades para ellos como configurar jornadas más reducidas e intensivas o la actividad en días alternos para complementar la enseñanza a distancia o la adaptación temporal de instalaciones para que no sólo en los cursos ya escogidos sea posible la medida. Entre tanto, la actividad ralentizada o interrumpida en otros sectores comenzará a desplegarse y el cambio de velocidad y de ambiente social se percibirá con fuerza. Según las distintas fases del recorrido (si, como se espera y si las cosas salen bien, se avanza en él en los meses de mayo y junio), pero en todo caso antes de su conclusión, muchos de los niños privados de toda actividad educativa presencial reglada podrán reunirse con sus abuelos (a los que inevitablemente se confiará el cuidado de los niños en un sinfín de casos en los que el teletrabajo no se pueda extender más o la conciliación no sea posible sin ellos); se encontrarán con su familia extensa o con distintos grupos de hasta diez personas y posteriormente más nutridos; podrán acudir a actos religiosos, si sus padres lo consideran; podrán ir a comercios de todo tipo incluso con zonas comunes y recreativas; visitarán junto a sus familias las terrazas primero y luego a los propios locales de hostelería; e incluso irán a academias privadas, al cine y hasta a piscinas de bolas; pero ni en la Fase 2 o en la Fase 3 abrirán sus escuelas para los niños de 10 cursos de primaria, secundaria y bachillerato, por no contar otras enseñanzas. La incoherencia es evidente porque la perspectiva restrictiva se aplica de manera muy desigual y el contacto social de los niños se producirá, además, en entornos menos controlados y ordenados que en la propia escuela.
Cabe preguntarse el porqué de esta aparente voluntad de restringir específicamente la actividad educativa presencial, de forma tan rígida, mientras casi todo lo demás comience a girar alrededor. Más aún cuando numerosos países, incluso algunos donde la extensión de la infección ha sido también destacada (Francia, Bélgica o Alemania, por ejemplo), planifican aperturas mucho más ambiciosas y tempranas de los centros educativos o incluso empiezan ahí la retirada de las restricciones, demostrando qué les preocupa que vuelva primero a cobrar vida en su sociedad. También es llamativo el creciente caudal de voces de la comunidad científica que advierten de que, en un entorno de recuperación de la actividad generalizada, no tiene sentido persistir en el cierre de las escuelas; o que contradicen abiertamente la creencia, bastante extendida pero seguramente infundada, de que los menores son per se diseminadores de la enfermedad con una superior capacidad de contagio (las «bombas biológicas» de las que hablan los haters). Como ha venido divulgando Ewa Chmielewska, con base en estudios sobre el Covid-19 publicados el 14 de abril en The New England Journal of Medicine, a la menor incidencia infecciosa del Covid-19 en la población infantil no va necesariamente ligada una capacidad superior de contagio; y cita también la autora el boletín del Instituto Noruego de Salud Pública de marzo de 2020, reproduciendo que «No hemos encontrado ningún informe de investigación que haya calculado los efectos del cierre de escuelas / guarderías durante la epidemia de Covid-19. Hay varias revisiones sistemáticas sobre este tema, pero se basan principalmente en estudios realizados en relación con las epidemias de gripe. Es muy incierto hasta qué punto son relevantes las experiencias de las epidemias de gripe en relación con la epidemia de Covid-19, ya que es muy posible que los niños jueguen un rol reducido en la transmisión del SARS-CoV-2, a diferencia de lo que sucede con el virus de la gripe». A su vez, expertos del University College London, han extraído conclusiones de 16 estudios sobre los efectos del cierre de escuelas durante pandemias de coronavirus (SARS, MERS y Covid-19) para concluir, en un artículo publicado en The Lancet el 6 de abril, que no hay evidencia que apoye el cierre completo de los colegios a nivel nacional para combatir el Covid-19, o al menos las pruebas son muy débiles, pidiendo a las autoridades que empiecen a pensar en otras formas de distanciamiento social en colegios que sean menos disruptivas con el correcto funcionamiento de las escuelas (asistencia parcial, reducción de grupos, evitar masificaciones en zonas comunes, etc.), teniendo en cuenta que, en escenarios distintos del confinamiento total, el cierre de los colegios juega un papel marginal en la contención del Covid-19. Un estudio del Royal College of Paediatrics and Child Health del Reino Unido y del blog de medicina pediátrica Don’t Forget the Bubbles, en el que se repasa la literatura científica reciente (78 trabajos) sobre pediatría y Covid-19 concluye (actualizado el 2 de mayo) que «el papel de los niños en la transmisión no claro, pero hay evidencias consistentes que demuestran una menor probabilidad de contraer la infección y menores tasas de introducción de la infección en el hogar por los niños». Los responsables médicos de los países que están adoptando la decisión de facilitar un regreso, ordenado y prudente, pero amplio, a las aulas, no se sustentan, por lo tanto, en conjeturas, aunque sea comúnmente aceptado que existe mucho por observar sobre el Covid-19.sí las cosas, y teniendo en cuenta que el diseño del Plan lo configura como documento dinámico y sujeto a la interacción y capacidad de propuesta de las Comunidades Autónomas, urge replantear el orden de prioridades establecido y rescatar al sistema educativo de la posición relegada en la que se ha colocado, desacierto que aún puede ser subsanado. La trayectoria acreditada del Principado de Asturias en la defensa de los servicios públicos y de la cohesión social, no puede quedar excepcionada cuando de mantener las constantes vitales de la actividad educativa se trata y debe hacerse valer cuando, por un lado, los resultados tan apreciables en nuestra Comunidad en la lucha contra la pandemia parecen permitirlo y, por otro, existen alternativas comedidas, razonables y viables de combinación de la enseñanza presencial y a distancia, controlando cabalmente los riesgos.
Los titulares por excelencia del derecho a la educación, conquista social de primer orden y derecho fundamental protegido en nuestra Constitución, son los niños y jóvenes, menores de edad los más de ellos (y titulares también de un interés superior, teóricamente), a los que, precisamente, a lo largo de la etapa más dura del confinamiento, se les exigió un grado de responsabilidad y sacrificio superior al de los adultos, que ha dejado huella. Si nos dejamos la educación en el camino de la desescalada enviaremos un signo equivocado a toda una generación sobre el orden de prioridades de nuestra sociedad, en tiempo de crisis y también en la era de la incierta «nueva normalidad», por construir. Estamos a tiempo de corregir ese tremendo error.