En los primeros días de la crisis del covid-19, el Gobierno cometió graves errores, por acción y por omisión, que, más allá de las responsabilidades políticas que deberán asumirse por ellos, podrían achacarse a la imprevisión con la que se actuó frente a un virus que, en contra de lo que nos decían, mostró de golpe su devastadora capacidad mortífera. Pese a esos fallos garrafales, Pedro Sánchez contó en los angustiosos primeros momentos con un amplísimo respaldo político a sus decisiones, hasta el punto de que la primera prórroga del estado de alarma obtuvo una abrumadora mayoría de 321 votos a favor en el Congreso, 28 abstenciones y ningún voto en contra. El problema es que es precisamente cuando el virus ha empezado a dar un respiro, y cuando ha habido por tanto más tiempo para actuar con serenidad, cuando el Gobierno ha perdido completamente el control de la situación. Y lo ha hecho no tanto por las continuas rectificaciones, que también, sino por una posición prepotente que le lleva a actuar por la vía del ordeno y mando, ignorando a sus socios de investidura, a la oposición y a las comunidades, y abusando desproporcionadamente del estado de alarma. El resultado es que Sánchez ha conseguido la rara proeza de poner de acuerdo a los independentistas con el PP, a Vox con el PNV y a las autonomías populares con la Generalitat. Todos ellos le han dicho ya que, por ahí, no.
Estando en minoría, Sánchez trata de coaccionar a la oposición, en lo que parece un chantaje político en toda regla, amenazando con retirar ayudas a empresarios, autónomos y parados si no le permiten mantener el recorte de derechos y libertades hasta julio. O yo o el caos. Ese chantaje es inaceptable. Nada tienen que ver las medidas económicas con el estado de alarma. Y, en la situación actual, hay mecanismos legislativos ordinarios para gestionar incluso con más eficacia la acción sanitaria, ya que involucran a las autonomías, que son las más cercanas a su población, en la desescalada y la vigilancia de su estricto cumplimiento.
A todo ello el Gobierno contesta con arrogancia. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, incomprensiblemente encargada de diseñar un plan de desescalada que nada tiene que ver con sus funciones y que ha sido un fiasco, contesta a los hosteleros angustiados ante la posibilidad de ruina que el que «no se sienta cómodo», que cierre. Si se le menciona el hecho de que Portugal tiene mejores datos que España, responde que el virus «venía del este» y ellos están «más al oeste». Y, siendo el segundo país con más fallecidos por millón de habitantes, afirma que estamos «en la gama alta de éxito». Mientras cada día mueren centenares de españoles y miles se quedan sin trabajo, el desaparecido ministro de Universidades, Manuel Castells, se dedica a escribir delirantes artículos de prensa recomendando aprovechar la pandemia para «encontrar el sentido del ser». Abandonen la soberbia, coordínense con las autonomías y devuelvan cuanto antes la normalidad democrática. La constitucional, no una nueva.