La demolición del Estado autonómico


Después de sembrar la sospecha sobre los empresarios tratando de convertirlos sin motivo en los grandes malvados de esta pandemia; después de atacar al Poder Judicial acusándolo nada menos que de prevaricar sistemáticamente en favor de los poderosos; después de amenazar a la prensa libre acusándola de difundir bulos para perjudicar al Ejecutivo; después de situar bajo vigilancia a todo el que cuestione en las redes a la autoridad competente, y después de atacar abiertamente al jefe del Estado, el Gobierno ha traspasado la última frontera poniendo en solfa el otro gran pilar del modelo constitucional surgido de la Transición: el Estado autonómico. Desde el inicio de esta crisis, el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se ha dedicado no solo a acumular el mayor poder posible, traspasando claramente en ocasiones, a juicio de destacados constitucionalistas, los límites que la Carta Magna establece en un estado de alarma, sino también a desacreditar a los presidentes autonómicos, tratándolos como menores de edad incapaces de gestionar o de aportar nada a las normas sanitarias y económicas necesarias para hacer frente a esta pandemia.

Desde que admitió, tarde, la gravedad de la situación, el Gobierno dejó nulo margen a las autonomías para interpretar, de acuerdo con sus especificidades geográficas, demográficas y sociales, los auténticos bandos de obligado cumplimiento emanados desde la Moncloa. El mensaje que lanzó el Ejecutivo es el de que el mantenimiento del estado de alarma es absolutamente imprescindible porque, en cuanto este se levantase, serían las comunidades las responsables de gestionar la crisis económica y sanitaria en sus territorios y eso provocaría «el caos». Por lo visto, ningún presidente autonómico tiene tanta experiencia como la del filósofo Salvador Illa, máxima autoridad nacional pese a ser lego en sanidad y economía.

Sánchez ha tratado a los presidentes autonómicos como a niños irresponsables, citándolos cada domingo no para negociar nada, sino para ponerles los deberes de la semana. Ese ordeno y mando ha sido un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad del Estado autonómico, reducido a cenizas en cuanto ha surgido un problema de alcance nacional. El resultado ha sido la rebelión de los presidentes regionales, incluidos los socialistas que no pasan de fase o consideran injusto el criterio del reparto de fondos, frente al plenipotenciario Sánchez. El Gobierno dicta sin explicaciones claras qué comunidades entran en la fase 1. Es decir, cuáles siguen en la ruina y cuáles no. Y solo el partido cuyos votos necesita el Ejecutivo, el PNV, logra el derecho a regular la movilidad entre provincias en su territorio, que a otros se les niega.

Sánchez e Iglesias, paladines de la «nación de naciones», han devenido en dos recalcitrantes jacobinos en cuanto han ocupado el poder y se les ha dado oportunidad de ningunear a las autonomías. Venden la cogobernanza, que además no practican, como una graciosa concesión por su parte, cuando es la clave de bóveda de la Constitución.

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