Es el momento: o dejamos de nuevo que una minoría privilegiada salga beneficiada, o salimos con políticas que atiendan a la mayoría social y la protejan.

Tenemos precedentes, malos precedentes. En la crisis de 2008 se decidió rescatar a la banca, abaratar el despido, imponer privatizaciones y mirar hacia otro lado con los desahucios. Y ahora la salida de esta crisis no puede ser por la vía del ajuste a los trabajadores y trabajadoras, debe ser a través del fortalecimiento del Estado de bienestar, reforzando los servicios públicos, protegiendo a los colectivos más vulnerables. Por eso apostamos por un ingreso mínimo que permita a todas las personas vivir con dignidad. Como lo hicimos con la prórroga de las ayudas a los ERTE para que las empresas puedan volver a recuperar su actividad, garantizando, eso sí, equipos de protección individual para que en la vuelta al trabajo nadie se juegue la vida.

Llegamos a la epidemia con la desigualdad por las nubes. El 1% de la población acumula el 80% de la riqueza, una realidad injusta y vergonzosa. Y la desigualdad es corrosiva, amianto para la democracia. Se traduce además en la práctica en contratos por horas y sueldos de hambre. Ya hay una generación para la que el contrato de trabajo con derechos es prácticamente una pieza de museo. Una generación triturada que desde la anterior crisis vive en precariedad y que, si no lo evitamos, puede caer en la pobreza más severa.

Es, por tanto, un deber de las organizaciones políticas democráticas evitarlo. Y es responsabilidad de las organizaciones sindicales exigirlo.

Precisamente, el acuerdo firmado el 11 de mayo entre sindicatos, Gobierno y patronal, que prorroga los ERTE hasta el 30 de junio, es un ejemplo a seguir, porque plasma una voluntad de colaboración, de responsabilidad compartida. Sumar es esencial si queremos que se multipliquen los resultados. Y los partidos políticos deberían tomar nota, porque también nosotros tenemos diferencias sustanciales con el Gobierno y, ni qué decir, con los empresarios, pero ahora, más que nunca, la situación exige aunar esfuerzos, y aparcar lo que nos separa.

Desde CCOO entendemos que los ERTE han salvado cientos de miles de puestos de trabajo en estos dos meses de paralización de la economía, y ahora se debe adaptar esta herramienta para facilitar la incorporación escalonada a los puestos de trabajo, tal como subrayó nuestro secretario general Unai Sordo el mismo día de la firma de este Acuerdo social en defensa del empleo. Si pretendemos entrar en una fase de recuperación paulatina de la actividad económica y laboral era necesario adaptar esta herramienta para facilitar la incorporación escalonada de los trabajadores y trabajadoras.

Ese espíritu al que antes me refería es el que subyace asimismo en el Plan Asturiano de Recuperación, el documento de 50 medidas que hemos aportado a la concertación regional a finales de abril. Quedaba explícito en la presentación cuando resaltábamos que es imprescindible aprender de los errores, evitar polémicas estériles y «concentrar esfuerzos y recursos en una hoja de ruta compartida» por aquellos agentes políticos y sociales que apuesten por un programa de gobierno que sea útil para reforzar el sistema sociosanitario público, la recuperación económica, y particularmente solidario con las personas más vulnerables. Su objetivo es la cohesión social y la igualdad entre mujeres y hombres.

La crisis provocada por el coronavirus está golpeando con una virulencia inusitada en la economía y el empleo. El paro alcanza cifras pavorosas en nuestra comunidad autónoma. Entre marzo y abril se han sumado al desempleo más de 10.000 personas por los cierres de empresas y paros en la actividad, hasta alcanzar las 83.793 inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo asturianas. En dos meses retrocedimos tres años en términos de desempleo. A 30 de abril casi 60.000 trabajadores y trabajadoras tenían su empleo suspendido (y no contabilizan como personas en paro), y 28.000 autónomos y autónomas habían cesado su actividad. Han aumentado, además, hasta 39.800, las personas en el desempleo que no cobran prestación. Y las demoras en el pago de las prestaciones son insostenibles para las familias, una auténtica travesía en el desierto.

Así pues, la capacidad destructiva de esta crisis obliga a tomar medidas de choque, porque la situación es de auténtica emergencia social. Y si no actuamos con rapidez estaremos condenando al destierro laboral a las personas más vulnerables y precarizadas, como jóvenes y mujeres, y dando el golpe de gracia a los mayores de 50 años y a las personas paradas de larga duración.

A remediarlo se dirigen buena parte de las medidas que proponemos en el Plan Asturiano de Recuperación. En primer lugar, hay que mantener la lucha contra la expansión del virus, salvaguardando la sanidad pública y fortaleciendo el sistema socio-sanitario, para lo que es necesario reforzar las plantillas y dar descansos, garantizar los test al conjunto de profesionales, un plan de choque de inspecciones en residencias, blindar el servicio de ayuda a domicilio...

Paralelamente, se trata de revitalizar la economía y el empleo e invertir en futuro, a través de un fondo extraordinario de ayuda para pymes, profesionales y autónomos, el cobro inmediato de las prestaciones por desempleo y un Programa de seguridad total para proteger a los trabajadores y trabajadoras frente al virus.

Y al mismo tiempo, urge atender a las personas mediante un Programa de solidaridad, combatiendo el hambre infantil, reduciendo a cero las listas de espera en el salario social y la dependencia, renovando automáticamente todas las prestaciones sociales, y anticipando y ampliando las ayudas al alquiler.

Son medidas que hemos concebido pensando en las personas, en sus vidas y en el empleo. Pero también en Asturias, en su economía, en su futuro. Porque debemos salir de esta crisis como sociedad más fuerte y solidaria, con más derechos y más igualdad.

José Manuel Zapico

Secretario general de CCOO de Asturias

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