Si alguien cree que las decisiones tomadas en esta época de crisis no marcan un precedente sobre cómo se actuará después, en función del orden de prelación de intereses en juego, comete un error de cálculo elemental. Si alguien entiende que los efectos de las medidas adoptadas en esta época excepcional no dejarán secuelas duraderas en la organización social, el valor otorgado a cada actividad y la consideración dada a los distintos colectivos, calibra mal el impacto indeleble de este periodo determinante. Si no reflexionamos sobre las decisiones adoptadas, a la luz de la información disponible y de los estudios que florecen sobre la odisea que atravesamos, en un entorno aparentemente propicio a la repetición de pandemias seguiremos repitiendo el esquema aplicado, por inercia. Lo que estamos viviendo, en suma, puede no ser más que un ensayo general, si esta pesadilla se repite en los próximos años. O, en el mejor de los casos (que esto sea una vez en la vida), sí tendrá repercusiones insospechadas, al ordenar prioridades con la mayor crudeza.
Las decisiones adoptadas en el ámbito educativo son muestra palmaria de todo ello. La mayoría de las Comunidades Autónomas han decidido, de momento, no seguir las previsiones orientativas del «Plan para la transición hacia una nueva normalidad» del Gobierno central, en lo que se refiere a la vuelta a la actividad de los centros educativos y, aunque alcancen la Fase II en todo o parte de su territorio el 25 de mayo, no plantean reanudar la actividad lectiva presencial y voluntaria en todos los cursos previstos (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de Grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial), Centros de Educación Especial, Educación Infantil y los programas de refuerzo educativo en el centro, contemplados, para el resto, en el Plan. Para quienes entendíamos que el Plan del Gobierno ya era insuficiente, una parte mayoritaria de las Comunidades nos ha dado taza y media. En algunos casos, como el de Asturias, la decisión se toma pese a las buenas cifras sanitarias, la resiliencia de su sistema de salud y la robustez de su red educativa, con 232 de los 420 centros públicos y concertados con espacio para garantizar la distancia de seguridad, según afirmación de la Consejera de Educación en sede parlamentaria. La decisión se toma aquí sin que se contemplen o se hayan anunciado, al menos por ahora, modestas medidas paliativas como las que están planteando otras Comunidades (por ejemplo, la Comunidad Valenciana propone organizar tutorías y reuniones presenciales del profesor con grupos muy reducidos, para resolver dudas o comprobar el seguimiento de la materia).
Mientras tanto, el mundo sigue girando, la desescalada continúa también en los países de nuestro entorno y, en ella, otros sistemas educativos de los países afectados en la misma oleada que España, reactivan parcialmente la enseñanza presencial. Incluso en el Reino Unido, muy castigado por la pandemia, reabren progresivamente las aulas de primaria a partir del 1 de junio (y nunca cerraron los centros para los hijos de los profesionales en primera línea de fuego). En España, la Fase II, cercana, si todo sigue yendo a mejor, para una parte importante del territorio, cuenta con la regulación anticipada sustancialmente en la Orden SND-414-2020, de 16 de mayo. Norma que contempla profusamente la posibilidad de actividades en espacios cerrados y con aforos que llaman la atención si los comparamos con el número de alumnos del aula ahora forzosamente vacía (y, además, actividades no siempre de las mismas personas, como sí sucede en un aula): 50% del aforo en los lugares de culto, 40% en establecimientos y locales comerciales (incluidos ya los de centros y parques comerciales), 40% de locales de hostelería y restauración (además de las terrazas), 30% en zonas comunes de hoteles (incluyendo «actividades de animación o clases grupales», aquí sí, para 20 personas, que deben ser preferentemente, pero no obligatoriamente, al aire libre), 30% en piscinas recreativas, 50 personas en cines, teatros o auditorios, 50 personas en ceremonias nupciales, 50 en congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias; etc. Ciertamente, los argumentos para cuestionar la decisión adoptada con las escuelas se incrementarán, porque la comparativa saltará a la vista de manera aún más acusada que en la Fase I. En un contexto de asunción de riesgos, el lugar donde hemos decidido situarlos es, como poco, llamativo.
Entre tanto, sigue en curso la experiencia forzada de la educación a distancia, que merecerá un estudio a fondo en su momento, para conocer su impacto (siendo en todo caso imprescindible mientras no haya clases presenciales, claro). La impresión extendida entre los protagonistas resalta la incidencia de la brecha digital, la dificultad adicional para la conciliación (es educación on-line asistida, para la mayoría, ya que requiere un adulto al lado del pequeño), el descuelgue progresivo a medida que pasan las semanas de una parte importante del alumnado, la desigualdad entre centros, etc. Lo que parece evidente, y aquí sí hay consenso, es que es indeseable perder, o reducir significativamente, la enseñanza presencial, el espacio de socialización y apoyo del centro, el llamado «efecto escuela» que favorece un progreso colectivo en la formación, y que ahora se echa tremendamente de menos.
En un futuro distópico que asoma las orejas, pero cuya posibilidad no es en absoluto remota, la enseñanza telemática podría tener un papel preponderante en todos los niveles y el espacio común de la escuela, por ahorro, por entrega total al nuevo paradigma (desechando el modelo de escuela como lugar físico de aprendizaje integral) o por simple desaparición del espacio compartido. Los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, que rompen límites a velocidad de crucero, permitirán la aplicación de la realidad extendida a la enseñanza, teaching bots que hoy ya no son ninguna broma y que podrán presentarse a través de representaciones figurativas humanas en pantalla o en holograma con voces dotadas de matices e inflexiones (la esquemática Alexa de hoy será, en pocos años, un vestigio), con verdadera capacidad de interactuación. Un camino bien diferente del contacto personal y del espíritu humano, del conocimiento directo entre quienes participan en la aventura del conocimiento, del acompañamiento emocional y la complicidad entre personas.
Mientras ese futuro llega, y vemos si somos capaces de domarlo y aprovechar las oportunidades que tiene sin perder el alma ni el lugar de encuentro, el anuncio de que se baraja un modelo mixto, pero que descanse principalmente en la enseñanza telemática (dos semanas a distancia, una presencial), a partir de septiembre, incluso en situación de «nueva normalidad», es descorazonador e invita abiertamente a un sector de la población otras soluciones. Para quien se lo pueda permitir, el mercado ofrecerá, más temprano que tarde, una alternativa educativa privada de élite, con clases más reducidas (y, claro, matrículas más caras) que posibiliten la continuidad de la enseñanza presencial por debajo del umbral alumnos/aula que se plantea como requisito; y las academias y profesores particulares tendrán grandes oportunidades para sustituir a los padres y madres (que deben ganarse el pan trabajando y además en entorno de crisis) en el apoyo presencial al alumno que debe hacer sus tareas telemáticas. Habrá grupos informales de apoyo y hasta clases paralelas y «clandestinas», si se quiere seguir el ritmo. Sufrirán las consecuencias negativas en su educación, más que nadie, las familias con medios reducidos o las que tienen menos apoyo de su entorno. El contacto humano (el que se quiere minimizar por razones sanitarias) para suplir las carencias se producirá, tanto o más, en contextos diferentes de la escuela, con personas distintas de los profesores y los alumnos del mismo curso, haciendo más difícil el control.
Salvo que la situación sanitaria se complique y en septiembre no hayamos avanzado en la desescalada o se haya vuelto atrás (escenario que esperemos que no suceda), el objetivo de un retorno pleno a la enseñanza presencial debe ser una prioridad gubernamental máxima y, más aún, una obligación de resultado. Si finalmente se fija, como requisito imprescindible, que el número de alumnos por aula debe ser quince, como se ha dicho (aunque ya hemos visto que este criterio, curiosamente, sólo se pretende aplicar a la concentración de personas en medio escolar y no en otros casos, y ya desde la Fase II de la desescalada), debe ponerse en marcha sin dilación el esfuerzo necesario para alcanzar esa meta para todos. No sirve decir que es imposible (y, lamentablemente, se ha dicho), cuando precisamente la inversión realizada durante años en este ámbito, emblema de las políticas públicas en nuestra Comunidad (al igual que en Sanidad, con resultados favorables como estamos viendo), nos coloca en una situación aventajada para liderar esa empresa colectiva. Y cuando, en este periodo, estamos asistiendo a intervenciones públicas muy decididas en otras materias sociales (desde el ingreso mínimo vital a las prestaciones extraordinarias por desempleo, pasando por las ayudas al alquiler) y económicas (la riada de apoyos financieros al tejido empresarial y a los autónomos), que deben tener su correlato en el educativo, que también es necesario y ha quedado en el olvido, en términos de recursos. No sirve lamentarse, con lágrimas de cocodrilo, por el daño que reducir a una de cada tres semanas la enseñanza presencial puede significar, evocando pese a ello su carácter insustituible y la pena que significa menoscabarla y no poder retomar en septiembre plenamente las clases en el centro. ¡Nada de «qué pena»! ¡Vayan a por ello y dennos esperanza a las familias en el futuro del sistema educativo público!