Comenzaré por lo obvio: la mejor garantía para los derechos de los ciudadanos es que sea un juez independiente e imparcial el responsable de investigar al Gobierno. Solo de esta manera podemos estar seguros los ciudadanos de que éste no podrá emplear los poderosos medios a su disposición para frustrar esa investigación. Un juez independiente e imparcial es también la mejor garantía para el político investigado, porque ese inmenso poder también puede utilizarlo el propio Gobierno para atacar a sus adversarios.
Por eso la defensa de la independencia judicial es, en el fondo, la defensa de nuestros derechos fundamentales, incluyendo aquellos destinados a preservar nuestro sistema democrático de convivencia. Esta conclusión la encontramos recogida en los más importantes documentos de las organizaciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos.
Se puede atacar la independencia judicial de muchas formas y, lamentablemente, la clase política española nos ha acostumbrado a hacer uso de bastantes de ellas. Se ataca la independencia judicial cuando se trae a colación que la jueza que está a cargo de una investigación que molesta a un partido político tiene un primo o un amigo afiliado a otro de signo contrario. O cuando se cuestiona la integridad de los jueces en general, vinculándolos a todos ellos con ámbitos de corrupción o delincuencia. ¿Les suenan estas tácticas? ¿Las veremos nuevamente en estos próximos días?
También se ataca la independencia judicial cuando se limitan los medios necesarios para que los jueces puedan llevar adelante sus investigaciones o cuando directamente se les priva de ellos. La policía es el instrumento indispensable para que la instrucción judicial pueda prosperar. Nuestro sistema legal es inequívoco: los miembros de la Policía Judicial solo rinden cuentas al juez instructor.
Si la destitución del coronel Pérez de los Cobos está relacionada con un intento del Gobierno de interferir en la investigación dirigida por la magistrada instructora a propósito de la manifestación del 8 de Marzo, estaríamos ante un gravísimo acontecimiento y un ataque injustificable a las garantías esenciales de nuestro sistema.
Nos hemos acostumbrado a que políticos de uno y otro signo ataquen al Poder Judicial por puro interés partidista. Los jueces, desde nuestra posición constitucional, podemos advertir del peligro que ello supone. Pero es la ciudadanía la que tiene que plantarse ante semejantes actitudes y exigir a sus gobernantes respeto por los derechos de todos. Los jueces somos la última línea de defensa de nuestras libertades, pero la primera son ustedes, queridos lectores. ¿De qué lado están?